Esta ley supone un avance significativo hacia un modelo de transporte más justo, sostenible y bajo en emisiones, que prioriza el interés general, la cohesión territorial y la equidad social. Desde UGT Andalucía celebramos especialmente que el texto final reduzca de 500 a 200 personas trabajadoras el umbral de obligatoriedad para que las empresas elaboren Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, una reivindicación que nuestro sindicato ha defendido con firmeza desde el inicio de la tramitación de la norma.

 

Esta mejora es fruto del trabajo sindical y del diálogo constructivo que hemos mantenido durante los últimos años con el Gobierno y los grupos parlamentarios, convencidos de que la movilidad laboral debe ser un derecho y una herramienta para la sostenibilidad, la salud y la igualdad de oportunidades.

 

Los planes de movilidad sostenible son instrumentos esenciales para reducir emisiones, mejorar la seguridad vial, fomentar el transporte público, el uso compartido del vehículo, la bicicleta y la movilidad activa. Pero, además, contribuyen a reducir la siniestralidad, el estrés laboral y la contaminación, mejorando la calidad de vida de las personas trabajadoras.

 

Esta ley llega en un momento clave. El transporte es responsable del 15 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del 23% del CO2 asociado a la energía, absorbiendo casi el 60 % del consumo mundial de petróleo. Sin medidas decididas, las emisiones del sector podrían aumentar un 60 % de aquí a 2050, agravando la crisis climática.

 

Por eso, consideramos que esta norma debe ser solo el punto de partida de una transformación más profunda del modelo de movilidad en España y en Andalucía. Necesitamos consolidar un transporte público de calidad, limpio y asequible, reforzar las redes ferroviarias y la intermodalidad, y avanzar hacia ciudades más habitables y territorios rurales mejor conectados.

 

En UGT Andalucía entendemos la movilidad como un derecho social y laboral, no como un privilegio. Por eso defendemos que las políticas públicas deben garantizar el acceso equitativo al transporte, la reducción de tiempos de desplazamiento y la protección de quienes trabajan.

 

Asimismo, subrayamos la importancia de una transición justa en el transporte, que combine la descarbonización con la protección del empleo y la reconversión profesional. Las personas trabajadoras del sector del transporte no pueden ser las víctimas del cambio climático, sino sus protagonistas.

 

La igualdad de género también debe situarse en el centro de la movilidad sostenible. Las mujeres son las principales usuarias del transporte público y sufren con más intensidad los impactos de la falta de planificación, la inseguridad y los horarios rígidos. Avanzar hacia una movilidad inclusiva es avanzar hacia una sociedad más justa.

 

No podemos olvidar, además, el papel de la negociación colectiva como herramienta decisiva para incorporar cláusulas de movilidad sostenible en los convenios, fomentar el teletrabajo, incentivar el transporte compartido y garantizar infraestructuras seguras para la movilidad activa.

 

La emergencia climática exige medidas estructurales, y el transporte es una de las palancas más poderosas para enfrentarlo. Andalucía, por sus características geográficas, su dispersión territorial y su dependencia del vehículo privado, debe situar la movilidad sostenible en el centro de su estrategia de desarrollo regional.

 

Nuestro Sindicato dispone de muchas propuestas concretas en esta dirección: más inversión en transporte público limpio, mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, impulso al empleo verde, campañas de sensibilización y mayor participación sindical en la planificación del transporte.

 

Hoy más de 60 municipios andaluces cuentan ya con Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y más de 200 ciudades españolas han implantado Zonas de Bajas Emisiones. Son pasos esperanzadores, pero insuficientes ante la magnitud del reto.

 

Por último, desde UGT Andalucía queremos reiterar nuestro compromiso con una movilidad segura, saludable y justa, que proteja el planeta, defienda el empleo y garantice el derecho de todas las personas a desplazarse en condiciones dignas, sostenibles y asequibles.

 

Seguiremos trabajando para que esta ley se desarrolle de forma efectiva, con financiación adecuada, participación sindical y coherencia entre la política de transporte, la energética y la laboral. Porque sin movilidad sostenible no habrá justicia climática, ni cohesión social, ni empleo de calidad.

 

Por todo ello, desde UGT Andalucía hacemos un llamamiento a no conformarnos porque “la ley marca el rumbo, pero el destino requiere reforzar el compromiso, incrementar la financiación, profundizar en el diálogo social y consolidar la voluntad política”.