El mes de octubre recoge el impacto del final de la temporada turística, con su consecuente reducción de actividad tras el verano, además de la incorporación de personas jóvenes que buscan su primer empleo. Por ello, el paro registrado aumenta siempre en este mes, en esta ocasión en 22.101 personas respecto a septiembre, el menor aumento en un mes de octubre desde 2022, lo que evidencia una evolución más contenida del desempleo y cierta capacidad del mercado laboral para suavizar los efectos estacionales. De hecho, en términos desestacionalizados el paro disminuye en 15.256 personas. En concreto, hay un total de 2.443.766 personas paradas en España, el valor más bajo para un octubre desde 2007 y 158.228 personas menos que el mismo mes del año anterior, un 6,1% menos. 

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social se incrementa en 141.926 personas este mes, el segundo mayor aumento mensual de toda la serie histórica, reflejo del dinamismo del empleo en la economía española. Este incremento no es únicamente por cuestiones estacionales dado que descontando estos efectos la afiliación aumenta en 65.569 personas.  Con ello, el total de personas afiliadas asciende a 21.839.592, el dato más elevado de la serie histórica para un mes de octubre. En comparación con el mismo mes de 2024, hay 507.078 personas afiliadas más, lo que se traduce en una tasa de creación de empleo del 2,4%, que sigue siendo muy notable. 

En cuanto a la contratación, se han contabilizado una suma de 1.510.580 contratos en el mes, de los cuales 643.183 son indefinidos, esto es, un 42,6% del total. Se trata de un porcentaje que ha crecido 32,1 puntos con respecto a octubre de 2021, antes de la aprobación de la reforma laboral. La modalidad indefinida a tiempo completo, la más estable, acumula 260.993 contratos, aumentando su peso hasta el 17,3% del total, casi el triple del porcentaje contabilizado antes de la reforma (6%). En consecuencia, la expansión del empleo se está produciendo a través de la creación de empleo de calidad.

Asimismo, la temporalidad de la afiliación se reduce este mes en 5 décimas de punto, hasta el 12,1%. De este modo, la tasa de temporalidad se sitúa 16,1 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2021. Esto pone de manifiesto que la nueva normativa laboral continúa mostrando su eficacia para abordar uno de los problemas estructurales más persistentes de nuestro mercado de trabajo.

En definitiva, la buena marcha de la economía española sigue impulsando la creación de empleo, que además es de mejor calidad gracias a los efectos de la última reforma laboral. Pese a este positivo comportamiento, todavía hay cuestiones relevantes que resolver en el funcionamiento del mercado de trabajo, por su impacto negativo tanto productivo como sobre la calidad de vida de las personas trabajadoras. 

Seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales 

En primer lugar, sigue existiendo un amplio margen de mejora en la reducción del desempleo, especialmente para aquellas personas que llevan más de un año en esta situación (parados de larga duración) y que requieren esfuerzos específicos para reincorporarse al mercado laboral.  Por ello, UGT reclama unas políticas activas de empleo mejor diseñadas y ejecutadas, capaces de ofrecer una orientación laboral eficaz y personalizada, que logre fortalecer la empleabilidad de quienes se encuentran en situación de desempleo. 

Por otro lado, la regulación actual del despido sigue siendo una asignatura pendiente en España, sobre todo tras la reforma laboral de 2012 que debilitó a las víctimas de un despido injusto e ilegal, reduciendo sistemáticamente las indemnizaciones por un acto ilícito y eliminando los salarios de tramitación. Por ello, UGT exige una reforma que restablezca la justicia en el despido y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas, tal como establece la Carta Social Europea y ha reconocido el Comité Europeo de Derechos Sociales, al declarar que el sistema español no protege adecuadamente frente al despido improcedente.

Además, es imprescindible contar con salarios más altos y justos atendiendo a los elevados beneficios que están registrando las empresas y a la dinámica de crecimiento económico en la que estamos inmersos. Es cierto que las subidas salariales pactadas en convenio lograron mejorar ligeramente el poder adquisitivo de los trabajadores en 2023 y 2024, tras el decisivo impacto del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y que 2025 ha reforzado esa recuperación del poder de compra (3,5% de subida salarial media de convenio frente al 2,6% de incremento medio de los precios). No obstante, la crisis inflacionaria de 2022 supuso una grave pérdida de poder adquisitivo para los salarios que aún no se ha recuperado completamente, algo que resulta esencial para reforzar el consumo de los hogares y, con ello, alimentar el crecimiento de la actividad y de la creación de empleo. 

Por ello, el sindicato considera fundamental promover incrementos salariales más elevados, lo que debe incorporarse tanto en los criterios para los convenios de una nueva edición del AENC como en la actualización del Salario Mínimo Interprofesional para 2026. En este sentido, UGT exige una revisión profunda de las cláusulas de compensación y absorción, que afectan a miles de personas trabajadoras con salarios cercanos al SMI. Su configuración debe hacerse de forma más justa y equitativa, de modo que ninguna persona vea reducida su capacidad de compra como consecuencia de su aplicación. Esta reconfiguración más justa debe incorporarse en la redacción del próximo Real Decreto de SMI, garantizando que su actualización beneficie de manera real y efectiva a toda la clase trabajadora. 

Poner en el foco salarios, jornada y desempleo 

Por otra parte, la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial sigue siendo una prioridad pendiente que no podemos seguir posponiendo. Es una reforma necesaria para adaptar las relaciones laborales a los nuevos tiempos, marcados por la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial y las grandes transiciones ecológica, demográfica y tecnológica. Bloquear este avance, que cuenta con un respaldo social mayoritario, carece de justificación. Por esta razón, UGT seguirá impulsando la implantación de las 37,5 horas semanales en todos los ámbitos donde sea necesario, aprovechando especialmente la negociación del VI AENC. Este debe ser uno de los planteamientos clave del acuerdo para superar una legislación obsoleta que data de hace más de 40 años y que perjudica a la productividad y a la calidad de vida de las personas trabajadoras.

El reparto más equilibrado del tiempo de trabajo permitirá aprovechar mejor los aumentos de productividad derivados de la innovación, mejorar la salud laboral, reducir la parcialidad involuntaria, facilitar la conciliación y garantizar una transición justa en el mundo del trabajo. En definitiva, avanzar hacia jornadas más cortas no solo es una cuestión de bienestar, sino también de eficiencia, sostenibilidad y cohesión social.

En definitiva, el sindicato seguirá trabajando para que la buena evolución del mercado laboral vaya más allá de los positivos cambios en calidad del empleo que se han derivado de la última reforma laboral, promoviendo medidas que logren reintroducir al mercado de trabajo a las personas que están en paro de larga duración, que aporten jornadas justas, salarios dignos y un reparto equitativo de la bonanza económica.