Los datos del IPC de diciembre, publicados hoy por el INE, reflejan una inflación anual del 2,9%, una décima menos que el mes anterior, lo cual se explica por el descenso mensual del precio de los combustibles (-1,7%), frente al incremento del año anterior (1,1%). Con todo, el promedio anual en 2025 se sitúa en el 2,7%, apenas una décima inferior al registrado en 2024 (2,8%).

Por su parte, la tasa subyacente, que elimina los alimentos frescos y los productos energéticos, se mantiene en el 2,6%, igual que el mes anterior. La media del año muestra una variación más moderada, del 2,4%, cinco décimas menos que el año anterior (2,9%). Entre los encarecimientos más destacados en 2025, cabe señalar el del café (17,6%), los huevos (17,5%), la recogida de basura (17,4%) o la electricidad (15,2%); mientras que, en sentido contrario, se abarataron de forma acentuada el aceite de oliva (38,8%), el azúcar (15,3%) o los combustibles líquidos (7,2%). En términos generales, de las 199 subclases de productos, aumentaron de precio un total de 151, el 75%.

Así, 2025 vuelve a registrar una inflación moderada en términos medios, pero que, sin embargo, castiga a muchos hogares, sobre todo aquellos con rentas más bajas, ya que se han encarecido notablemente bienes y servicios que cubren necesidades vitales, como los alimentos y la energía (un 2,1% y 3,5%, respectivamente). Un problema que se ha amortiguado parcialmente por el empuje de la negociación colectiva que, con subidas medias del 3,5% (ocho décimas por encima de la inflación promedio), ha permitido proteger y ampliar el poder de compra de millones de personas trabajadoras.

No obstante, dichos incrementos salariales han sido absorbidos en muchas ciudades por el encarecimiento desproporcionado de la vivienda, tanto en la modalidad de compraventa (que ya supera los niveles de la burbuja) como de alquiler. Reequilibrar el precio de la misma a los salarios debe ser una de las prioridades de este 2026 si queremos que el contexto de expansión económica también proporcione una mejora clara de las condiciones de vida de la población trabajadora.

Asimismo, con el objetivo de proteger los ingresos de las personas trabajadoras con salarios más bajos, aquellas que sufren en mayor proporción el incremento de precios, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe crecer en 2026 por encima de los precios, para que sus perceptores ganen poder adquisitivo y mejoren su calidad de vida. En este sentido, la propuesta del Gobierno de elevarlo un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes (en 14 pagas), garantizando paralelamente que su tributación en el IRPF sea de nuevo nula, supone un mínimo que prorrogaría la situación de excepcionalidad fiscal aplicada en 2025, y que aplaza un debate de fondo que España debe afrontar cuanto antes para aclarar no sólo el nivel que debe tener el SMI, sino su aportación tributaria dentro de un sistema que debe ser más progresivo y justo.     

Con todo, el aumento del SMI supone una demanda justa y coherente con la situación de bonanza de la economía y de las empresas que, dada la evidencia empírica, serviría a su vez para fortalecer el crecimiento del consumo, el empleo y la propia actividad económica, además de incentivar el aumento de la productividad.