En 2022, la empresa comunicó que a partir de 2023 el seguimiento de las bajas lo asumiría la mutua, con el argumento de agilizar pruebas médicas y ofrecer una mejor atención a las trabajadoras y trabajadores. Si ahora se recurre a detectives, es porque la Dirección admite implícitamente que no está satisfecha con el sistema que ella misma impulsó y prefiere señalar a la plantilla antes que reconocer sus propias carencias organizativas.

 

El trasfondo es evidente: mientras se coloca el foco en quienes sostienen el servicio, las ITV en Andalucía acumulan listas de espera de un mes o más para conseguir cita. A esto se suma la mala gestión del personal fijo discontinuo y eventual, y la nefasta actualización de la bolsa de personal inspector y técnico. Pretender que el problema de las ITV es el comportamiento de las y los trabajadores solo oculta las “vergüenzas” de la Dirección y de la Administración responsable.

 

UGT y CCOO exigen la retirada inmediata del contrato de detectives, el restablecimiento del seguimiento sanitario a través de la mutua con criterios clínicos, y la puesta en marcha de un plan urgente para reducir las demoras, ordenar la gestión de personal y actualizar con rigor las bolsas de empleo. “Poner en la diana a la plantilla no resolverá nada: el problema es la falta de organización y la mala gestión”, subrayan ambas organizaciones.

 

Los sindicatos solicitan una reunión urgente con la Dirección de VEIASA y la Administración para revertir esta medida y abordar soluciones reales que garanticen un servicio público eficaz y el pleno respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores.