Asegura Sánchez-Garrido que: “El sistema de cuidados en España debe transformarse para ser más justo, accesible y eficiente, con el objetivo de garantizar derechos tanto para las personas que requieren cuidados como para quienes los prestan.

Apostamos por desarrollar un sistema público de cuidados que sea universal, accesible, equitativo y próximo para todas las personas. Siendo necesario incorporar la perspectiva feminista en los presupuestos de las administraciones públicas de modo que se reconozca, reduzca y redistribuya la prestación de cuidados no remunerada. “

“Es necesario situar a las personas en el centro de modelo de cuidados, impulsando un modelo integral y profesionalizado que permita dar respuesta a las necesidades reales, adaptar el sistema a las personas y no las personas al sistema de cuidados.”

El secretario de Políticas Sociales de UGT-A aboga poque: “la Administración autonómica también puede hacer mucho más. Debe fortalecer y ampliar los servicios públicos vinculados a los mismos; se debe aumentar la inversión en todos aquellos servicios públicos que van desde la atención a la dependencia, servicios sociales, sanitarios o educativos, entre otros. Además, para garantizar la equidad deben ser de prestación directa por parte de la administración de modo que se posibiliten las mejores respuestas de intervención y actuación.

“Mejorar la coordinación para garantizar la efectividad, es básico desarrollar un sistema de actuación, coordinación y colaboración multinivel (estatal, autonómico y local), para que las políticas de cuidados sean integrales y eficaces en todas las fases, desde el diseño a su implementación”, ha dicho.

En Andalucía los últimos datos publicados a 30 de septiembre de 2024 dibujan un escenario desolador. Hay 412.788 solicitudes, 8.188 menos desde el año pasado.  Mientras que la población dependiente se incrementa, las solicitudes bajan, dato incongruente.

Se han emitido 383.373 resoluciones de grado, disminuyendo en 9.172 desde diciembre de 2023. Además, 311.091 personas tienen derecho a prestación, pero tan solo 287.572 la reciben.

Las listas de espera siguen siendo extremadamente altas, con 53.000 personas.  Los tiempos aumentan, una persona dependiente tiene que esperar 20 meses para recibir los apoyos necesarios.

El sistema de cuidado y la protección a personas dependiente se está debilitando, y se está sobrecargando a las familias ante la falta de un apoyo institucional adecuado y muchas han tenido que asumir la carga de cuidar a sus miembros dependientes.