Según explican los representantes sindicales, el viernes iban a firmar un preacuerdo que habían alcanzado tras meses de negociaciones, desde el pasado mes de junio, y que suponía no solo un incremento salarial para más de 80.000 trabajadores (funcionarios, personal laboral, trabajadores de entes instrumentales y de justicia), sino la puesta en marcha de una serie de medida sociales destinadas al empleado público, que se perdieron con motivo de la crisis en 2012 (ayudas a menores, a la adquisición de una vivienda, para prótesis,...).

Por eso, hay gran indignación entre los sindicatos después que desde la Consejería de Justicia le transmitieran que se haría una modificación al preacuerdo por las limitaciones crisis sanitaria. Se había previsto invertir 250 millones, 50 por año, para mejorar las condiciones de la plantilla y, al mismo tiempo, transformar la administración de la Junta y mejorar su eficiencia.

En un comunicado conjunto, CSIF, UGT y CCOO han expresado su "profunda decepción por la paralización de la firma de un preacuerdo por la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en el desarrollo de la ley de función pública de Andalucía, ya consensuado con la administración".

Por eso, UGT y Comisiones han decidido convocar una protesta contra lo que consideran un "bloqueo" por parte de la Junta, el jueves 30 de octubre ante la sede de San Telmo, que terminará en la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde reclamarán junto a CSIF la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados públicos.