Los precios, tanto de compra como de alquiler, han subido notablemente en los últimos años, debido principalmente a la falta de oferta, la presión del turismo y el limitado parque de vivienda pública, afectando especialmente a la población joven que encuentra cada vez más difícil independizarse o acceder a una vivienda indigna.

Toma tal dimensión que se ha convertido en la primera preocupación de los españoles en la última encuesta del CIS. Una situación tan grave responde a múltiples causas. En primer lugar, existe una escasez de oferta de vivienda, sobre todo en zonas urbanas y destinos turísticos, tanto para compra como para alquiler. A ello también contribuye la presión de los pisos turísticos. Impulsada por plataformas como Airbnb, ha contribuido a la subida de precio y a la reducción de viviendas disponibles para residentes. En algunas ciudades, los pisos turísticos ya ocupan hasta el 25% de la zona centro y más del 60% de los destinos reconocen su impacto directo en el acceso de los locales a la vivienda. Esta alta demanda choca con la insuficiencia histórica de políticas de alquiler social y con una cultura que tradicionalmente ha favorecido la vivienda en propiedad y ha restringido la vivienda protegida.

En España solo disponemos de un 2% del volumen total de vivienda como vivienda de titularidad pública, frente a la media europea que se sitúa entre el 10 y el 12%. Los jóvenes son el grupo más afectado. Los salarios no crecen al ritmo de los precios. Los contratos de los jóvenes son inestables y el acceso a la financiación que les permita una vivienda se complica.

 El 24% de la población joven está en riesgo actualmente de exclusión residencial. Y más de 4 millones de jóvenes piden viven en condiciones inadecuadas. Solamente en Andalucía, antes de la crisis inmobiliaria del 2008, se construían unas 100 000 viviendas anuales. Tras la crisis, hemos bajado a unas 12 000 viviendas anuales, lo que supone que arrastramos un déficit de viviendas que alcanza las 90 000. En consecuencia, se hace necesario aumentar la construcción de vivienda nueva y a ese objetivo van dirigidas las políticas, las políticas del Gobierno de la Junta de Andalucía, un poco con el mismo objetivo que las políticas que se desarrollan en la Comunidad de Madrid, confiando en que la construcción de vivienda provocará una bajada de los precios y facilitará el acceso a la vivienda.

Pero de momento estas políticas o estas bajadas de precios no se están produciendo. Lógicamente, la falta de vivienda para comprar hace que muchas personas recurran al arrendamiento, que también está sufriendo una subida de precio.

 Actualmente, si consideramos que el salario mínimo interprofesional de referencia está en 1184 euros/mes, tenemos que compararlo con el precio medio del alquiler de una vivienda que se sitúa en 917,00 €/ mes. Y ya en ciudades como Málaga, se acerca a los 1300 €. En este contexto, hay que volver a hacer alusión al impacto negativo de los pisos turísticos, cuya rentabilidad es un 400% superior al de un alquiler residencial.

Desde Ugt Andalucía, consideramos que el mercado, oferta-demanda, por sí solo no va a autorregularse ni va a generar una bajada de precio. Consideramos que son necesarias acciones más contundentes por parte de los poderes públicos.

Respecto al parque de vivienda pública en Andalucía, contamos con 4 674 873 viviendas, en total, de las cuales entre 75 y 80 000 son viviendas públicas, lo que supone un porcentaje que no llega al 2%.

Desde UGT Andalucía consideramos que, evidentemente, se tiene que producir mayor oferta, más construcción de vivienda con facilidades para su adquisición. Pero, sobre todo, consideramos que tiene que darse una apuesta decidida por un parque público de viviendas, viviendas de titularidad pública, que no pierdan su descalificación como tales y que se ofrezcan como una solución habitacional para unidades familiares que no pueden acceder al mercado privado y que ese parque público de viviendas, potente, rehabilitado en buenas condiciones, sirva de contrapeso a la inflación de precios que se en el mercado libre.

También consideramos que se tiene que producir un endurecimiento del régimen jurídico de los pisos turísticos y que todas estas medidas deben ir acompañadas también de una política fiscal que premie, que dé incentivos fiscales a los propietarios que asuman limitar la renta de sus viviendas, y en sentido contrario, haga más dura la fiscalidad de los pisos turísticos.

La Unión General de Trabajadores (UGT) impulsará en el próximo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) --el actual finaliza en 2025-- que el precio de la vivienda sea un indicador estructural a la hora de negociar la subida de salarios en el marco de la negociación colectiva.

Todas estas medidas contribuirán a salir de la situación de alarma habitacional en la que ahora mismo nos encontramos.