Durante su intervención, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha advertido de que “no estamos ante un problema puntual, estamos ante una emergencia habitacional que afecta directamente a la clase trabajadora”.

 

Román ha denunciado que “el derecho a la vivienda está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio, secuestrado por la especulación”, señalando que “hoy en Andalucía hay miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y hogares que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en sus casas”.

 

La dirigente sindical ha subrayado que esta situación no responde a una falta de vivienda, sino a una falta de voluntad política: “no falta vivienda, falta decisión para garantizar su función social. Se ha permitido que los precios suban sin control, que los fondos de inversión compren barrios enteros y que las viviendas turísticas expulsen a vecinos y vecinas de sus barrios”.

 

En este sentido, ha puesto sobre la mesa datos que reflejan la gravedad del problema, como el incremento de más del 12% en el precio de la vivienda en el último año o el hecho de que el alquiler medio supere los 700 euros, obligando a muchas familias a destinar más del 35% de sus ingresos a este gasto.

“La vivienda se ha convertido en un negocio para unos pocos mientras se vulnera un derecho básico recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”, ha afirmado.

 

Maribel Román ha explicado que esta ILP nace con un objetivo claro: “cambiar el modelo y garantizar que la vivienda deje de ser un bien especulativo para convertirse en un derecho real y efectivo”.

 

En este sentido, ha detallado que la iniciativa establece un límite claro al esfuerzo económico de las familias, de forma que ninguna tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y suministros básicos . Además, plantea la declaración automática de zonas tensionadas cuando los precios superen ese umbral o crezcan por encima del IPC, incorporando mecanismos de control de rentas, especialmente para grandes tenedores, y limitando las subidas en los contratos de alquiler .

 

La propuesta también contempla medidas para frenar la especulación y recuperar vivienda para uso residencial, como la movilización de viviendas vacías, el refuerzo de la función social de la propiedad y la limitación de las viviendas de uso turístico, estableciendo topes por barrios e impidiendo nuevas licencias en zonas tensionadas.

 

Asimismo, la ILP apuesta por reforzar de forma estructural el parque público de vivienda, incrementando la reserva de suelo para vivienda protegida hasta el 50% en nuevos desarrollos y destinando una parte significativa al alquiler social, además de blindar estas viviendas para evitar su uso especulativo.

 

Entre otras medidas, incluye también la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional para asegurar financiación suficiente, así como mecanismos de protección frente a desahucios, que obliguen a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables antes de cualquier desalojo.

 

Asimismo, ha señalado la necesidad de “poner freno a la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios mediante la regulación de las viviendas turísticas” y de reforzar el parque público de vivienda con medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.

 

“Estamos hablando de decidir qué modelo de sociedad queremos: si ciudades para vivir o ciudades para especular. Cuando una familia es expulsada de su barrio no solo pierde una casa, pierde su vida, su red y su historia”, ha subrayado.

 

Román ha insistido en que esta iniciativa “elige claramente el lado de la mayoría social” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y al conjunto de fuerzas sociales para que respalden esta propuesta y sitúen el derecho a la vivienda en el centro de la acción política.

 

Por su parte, desde las organizaciones convocantes se ha coincidido en la necesidad urgente de adoptar medidas valientes y eficaces que garanticen el acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible, como elemento clave para la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía andaluza.

 

La ILP se presenta como una herramienta para impulsar un cambio real en las políticas de vivienda en Andalucía, en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios, el aumento de la desigualdad y la creciente dificultad de acceso a un hogar para amplias capas de la población.

 

Informe ILP