En una carta remitida al Comité de Ministros del órgano europeo, los sindicatos denuncian "el grave incumplimiento creado en España" por la falta de una voluntad política para ajustar al mandato del art. 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER) y por la jurisprudencia más reciente del Tribual Supremo (TS) que quiere convertir en papel mojado todo el sistema de la Carta y el modelo de control basado en el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Los sindicatos CCOO y UGT quieren que la próxima Recomendación del Consejo de Europa incluya "medidas más eficaces" para garantizar el cumplimiento en España de la Carta Social Europea en materia de despidos. Ambas organizaciones, legitimadas para actuar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en procedimientos de reclamaciones colectivas, han remitido una carta a la Secretaría del Comité de Ministros de este organismo reclamando medidas adicionales de ejecución de las Decisiones de Fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales contra España en relación con el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER) que, en opinión de ambos sindicatos no se está cumpliendo en el caso de nuestro país.

Hay que recordar que el pasado 27 de noviembre de 2024 el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en respuesta a una reclamación de UGT, aprobó la Recomendación instando al Gobierno español a garantizar que el monto de las indemnizaciones financieras y no financieras concedidas a las víctimas de despidos injustificados sin motivo válido sea disuasorio para el empleador, a fin de garantizar la protección de los trabajadores contra esos despidos injustificados. Además, le llamaba a  modificar la legislación pertinente, tal como se prevé en el Plan de Política Anual 2024, para garantizar que la indemnización concedida en casos de despido improcedente tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su situación.

Tiempo después fue CCOO quien presentó la reclamación colectiva 218/2022 contra España por incumplimiento del art. 24 CSER, que fue estimada por el CEDS en su Decisión de Fondo de 3 de diciembre de 2024. En aquella ocasión se concluyó, por unanimidad, que "existe una violación del artículo 24.b de la Carta en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente; la readmisión de las personas trabajadoras; y la indemnización por despido improcedente de personas trabajadoras temporeras contratadas en fraude de ley".

"Además, ambos sindicatos consideramos de especial importancia que el Comité de Ministros tenga en cuenta importantes hechos que se han sucedido tras la primera Recomendación y que evidencian las resistencias del Estado español al cumplimiento. Por ello, en la misiva, pedimos medidas más eficaces, dentro de las existentes en el sistema de la Carta, para tratar de garantizar la satisfacción por España de sus compromisos con el mandato de la CSER en materia de protección frente al despido sin justa causa."

En los fundamentos jurídicos que ambos sindicatos exponen en su carta hacen constar que, a semejanza de lo previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "el Estado demandado debe facilitar una información útil sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la recomendación del Comité de Ministros, conforme al art. 21 de la Carta".

El escrito íntegro puede descargarse aquí.