Durante su intervención, Castillejo señaló que “el principal déficit del Plan es presupuestario”, advirtiendo de que los 7,4 millones de euros previstos para todo el periodo no guardan proporción con las obligaciones legales asumidas por la Junta de Andalucía ni con el volumen real de fosas pendientes de exhumación y restos aún sin identificar. “Sin un incremento claro y sostenido de la financiación, el Plan corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones”, afirmó.

Desde FUDEPA se mostró especial preocupación por la escasa dotación destinada a investigación, divulgación y archivos, con partidas que la gerente calificó de “meramente testimoniales”. En este sentido, recordó que “la memoria democrática no puede sostenerse sin una política pública ambiciosa de archivos y documentación”, subrayando la necesidad de reforzar la digitalización, catalogación y acceso público a los fondos documentales, así como de concretar la creación del Instituto Andaluz de la Memoria Democrática, actualmente sin calendario ni financiación definida.

Otro de los aspectos criticados fue la excesiva dependencia de la cooperación interadministrativa para la ejecución del Plan. Castillejo recalcó que “la colaboración institucional es necesaria, pero no puede sustituir la responsabilidad directa de la Junta de Andalucía, ni generar desigualdades territoriales en el acceso a los derechos de las víctimas”.

Asimismo, FUDEPA lamentó la falta de concreción en los mecanismos de participación del movimiento memorialista, reclamando un papel más activo y vinculante del Consejo de Memoria Democrática en el seguimiento y evaluación del Plan, acompañado de recursos económicos suficientes para garantizar proyectos estables y de calidad.

En relación con el sistema de evaluación, la gerente de FUDEPA insistió en que “no puede limitarse a una autoevaluación interna”, y defendió la incorporación de indicadores públicos, medibles y verificables, con informes anuales accesibles a la ciudadanía.

Como conclusión, FUDEPA reclamó una revisión al alza del presupuesto, un mayor liderazgo operativo y financiero de la Junta de Andalucía, el refuerzo de las políticas de archivos e investigación y una participación real y efectiva de la sociedad civil, para evitar que el II Plan Andaluz de Memoria Democrática se convierta en un documento sin capacidad transformadora.