A 31 de agosto de 2025, en Andalucía 429.699 personas habían solicitado la dependencia, de las cuales 306.959 eran mayores de 65 años, es decir, un 71 % del total. El grupo más numeroso es el de mayores de 80 años, que ya representan un 47,3 %.

En total existen 397.870 resoluciones de grado, de las que 282.318 corresponden a personas mayores. Aunque 319.436 personas tienen derecho a prestación, solo 304.357 cuentan con resolución de PIA y finalmente 298.306 la reciben, lo que supone que 52.959 personas continúan en lista de espera.

Lo más alarmante es el tiempo medio de espera, que se eleva a 565 días, es decir, un año y medio, cuando la Ley de Dependencia establece un máximo de seis meses. Este retraso no es un simple dato, sino que tiene consecuencias dramáticas: entre enero y agosto 5.029 personas han fallecido sin ser valoradas o sin recibir la prestación a la que tenían derecho.

“Cinco mil andaluces han muerto esperando lo que les correspondía por derecho. Es una situación intolerable que vulnera la Ley de Dependencia y la dignidad de las personas mayores”, ha denunciado José Luis García Chaparro, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía.

En Andalucía actualmente hay 168.545 personas con ayuda a domicilio, 26.192 en residencias y 13.787 en centros de día, en una comunidad donde viven 1,6 millones de personas mayores de 65 años, lo que supone el 19 % de la población, y donde el 27 % ya supera los 80 años.

A esta realidad se suma un copago injusto en residencias, que obliga a las personas mayores dependientes a aportar hasta el 75 % de sus ingresos líquidos, quedando con una cantidad insuficiente para cubrir gastos básicos como ropa, higiene, ocio o transporte.

“Es inaceptable que una persona mayor, después de aportar toda su vida al sistema, se quede con una cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades más básicas. Reclamamos un sistema de copago justo y progresivo”, ha añadido García Chaparro.

Otro problema creciente es la soledad no deseada, que afecta cada vez más a las personas mayores, especialmente a las de mayor edad, que viven solas y sin apoyo social suficiente, lo que agrava su vulnerabilidad y exige respuestas urgentes por parte de las administraciones públicas.

Por todo ello, desde la UJP Andalucía y CCOO se denuncia una vulneración sistemática de derechos derivada de los largos tiempos de espera, el elevado número de personas en listas, la insuficiencia de plazas en residencias y centros de día y la falta de una estrategia clara frente a la soledad no deseada.

Las organizaciones sindicales exigen reducir de inmediato los tiempos de espera y cumplir la Ley de Dependencia, destinar más recursos y presupuesto para cubrir todas las prestaciones, aumentar las plazas públicas en residencias y centros de día, reforzar la ayuda a domicilio con más horas y mejores condiciones laborales, aprobar un plan integral contra la soledad no deseada, aplicar la perspectiva de género en todas las políticas de dependencia dado que el 70 % de las personas beneficiarias son mujeres, reducir el copago al 60 % de los ingresos y eximirlo en el caso de pensiones mínimas o no contributivas, así como crear un sistema de copago progresivo y justo.

“Nuestras personas mayores no pueden seguir pagando con su salud y con su vida los retrasos de la administración. Quienes han construido esta sociedad merecen vivir con dignidad, cuidados y derechos. Es hora de que la Junta de Andalucía y el Gobierno central actúen con determinación”, ha concluido García Chaparro.

En este contexto, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía y CCOO han anunciado concentraciones en todas las provincias andaluzas el próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, para visibilizar esta situación de abandono y exigir a las administraciones medidas inmediatas que garanticen los derechos de las personas mayores.