UGT Andalucía traslada a la Consejería de Empleo un paquete de medidas para combatir la siniestralidad laboral

UGT Andalucía traslada a la Consejería de Empleo un paquete de medidas para combatir la siniestralidad laboral

El sindicato reclama reforzar la prevención, condicionar ayudas públicas al cumplimiento de la normativa y crear un fondo para apoyar a las víctimas de accidentes laborales. El secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo y el secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez, han mantenido una reunión con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para trasladar a la Administración autonómica un conjunto de propuestas dirigidas a reducir la siniestralidad laboral en la comunidad.

04/03/2026 |

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El encuentro ha servido para presentar un documento de trabajo con diferentes reivindicaciones y medidas concretas para mejorar la Prevención de Riesgos Laborales y frenar el elevado número de accidentes de trabajo que se registran en Andalucía.
 
Según los últimos datos disponibles, en 2025 se produjeron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone el 16,7% del total nacional. De ellos, 1.032 fueron graves, lo que representa el 22,19% de los accidentes graves registrados en España, y 121 personas trabajadoras fallecieron en el trabajo en la comunidad autónoma. 
 
Ante esta situación, UGT Andalucía insiste en que es necesario avanzar hacia una política de tolerancia cero ante la siniestralidad laboral,  reforzando las medidas de control, prevención y sensibilización.
 
Entre las principales propuestas trasladadas a la Consejería de Empleo destaca la petición de que las empresas con accidentes laborales mortales o con altos índices de siniestralidad no puedan acceder a ayudas públicas si no se acogen previamente a las actuaciones previstas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028.
 
Asimismo, el sindicato reclama el desarrollo de campañas de sensibilización potentes en medios de comunicación que contribuyan a concienciar a la sociedad sobre la gravedad de los accidentes laborales, siguiendo el modelo de otras campañas institucionales como las de seguridad vial o violencia de género.
 
UGT Andalucía también plantea reforzar la investigación de los accidentes leves e incidentes, especialmente en aquellas empresas donde se detecten mayores índices de siniestralidad, con el objetivo de prevenir situaciones más graves.
 
En materia sanitaria, el sindicato considera necesario incorporar médicos especialistas en Medicina del Trabajo en los centros de Atención Primaria, con el fin de mejorar la detección de enfermedades profesionales y su diagnóstico.
 
Otra de las medidas destacadas es la creación de un fondo específico para la atención a víctimas de accidentes laborales y a sus familias, financiado con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía y con aportaciones de empresas que hayan incumplido la normativa preventiva en casos de accidentes mortales. Este fondo permitiría cubrir gastos derivados de una discapacidad sobrevenida, adaptación del hogar o apoyo psicológico.
 
Además, UGT Andalucía propone incorporar las patologías vinculadas a los riesgos psicosociales al listado oficial de enfermedades profesionales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
 
El sindicato también reclama que la evaluación de riesgos psicosociales forme parte obligatoria de los planes de prevención que las empresas deben presentar para acceder a ayudas o subvenciones públicas, dada la creciente incidencia de patologías no traumáticas como infartos o derrames vinculados a las condiciones laborales.
 
Finalmente, UGT Andalucía insiste en la necesidad de impulsar protocolos de prevención de drogodependencias y adicciones en las empresas, así como avanzar en la creación de una figura similar a la del delegado territorial o sectorial de prevención, que permita mejorar las condiciones de seguridad en las pequeñas empresas.
 
UGT Andalucía reitera que la reducción de la siniestralidad laboral debe ser una prioridad absoluta de las políticas públicas, ya que detrás de cada accidente laboral hay una persona trabajadora y una familia afectada.