Aunque desde UGT Andalucía defendemos que la intervención pública es imprescindible en situaciones de emergencia como la recientemente vivida, más aún teniendo en cuenta que la actual crisis climática hace que cada vez sean más repetidas y más violentas, entendemos que no basta con sostener la actividad económica sin asegurar que también se protege a quienes la hacen posible. La Junta vuelve a hacer lo mismo: millones para las empresas y ni una garantía real para el empleo.

Uno de los principales déficits de esta línea de ayudas es, a nuestro juicio, la ausencia de una vinculación íntegra con el mantenimiento del empleo. Para nosotros, resulta del todo inaceptable que el dinero público no esté condicionado a garantizar el 100% de las plantillas, ni tan siquiera durante un periodo insuficientemente amplio. No puede venderse a la opinión pública una medida destinada al mantenimiento del empleo y la actividad económica si la misma no tiene, como prioridad absoluta, la estabilidad laboral.

A esta carencia se suma el rechazo frontal al sistema de concesión mediante concurrencia no competitiva, un modelo que, para nosotros, favorece claramente a las empresas con mayor capacidad administrativa y recursos técnicos. Lejos de responder a criterios de necesidad, este sistema convierte las ayudas en una carrera por presentar antes la solicitud, dejando atrás a pequeñas empresas y personas trabajadoras autónomas que no cuentan con estructuras para competir en igualdad de condiciones.

También cuestionamos que las ayudas se otorguen en función de la ubicación geográfica en municipios previamente definidos como afectados, en lugar de basarse en los perjuicios económicos reales sufridos por las empresas y por las personas trabajadoras. Esta decisión genera una evidente injusticia, ya que permite que empresas sin daños accedan a fondos públicos mientras otras que sí han sufrido pérdidas queden excluidas.

Además, tampoco entendemos la ausencia de una baremación clara que relacione la cuantía de las ayudas con la magnitud de los daños sufridos. Esta falta de criterios objetivos, abre la puerta a un reparto arbitrario y poco transparente de los recursos públicos, lo que vuelve a evidenciar una gestión ineficiente y alejada de los principios de equidad.

Para el sindicato, el problema de fondo es aún más grave. Estos 50 millones de euros de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (aunque de la primera de las tres patas siempre se olvida) se suman a los más de 700 millones movilizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural configurando un paquete de ayudas que comparte un mismo denominador común: todo el esfuerzo económico se dirige a las empresas mientras se deja fuera a las personas trabajadoras.

Desde UGT Andalucía consideramos especialmente preocupante que la Junta asuma que la protección social, la protección a las personas trabajadoras, corresponda exclusivamente al Gobierno central. De hecho, la propia Consejería nos traslada que, para eso, para defender a las personas trabajadoras, ya está la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Para nosotros, la Administración Autonómica se está desentendiendo de su responsabilidad en la defensa de quienes han visto peligrar su empleo o mermado sus condiciones de vida.

La Junta no puede rescatar empresas mientras deja solas a las personas trabajadoras. Y si así quiere hacerlo, no va a ser en el seno de la concertación social. Como tampoco es concertación social que se nos convoque a una reunión para informarnos de una medida ya tomada, que ya está en fase de información pública y que, por “caprichos del calendario electoral”, ni tan siquiera va a tener que pasar por el pertinente trámite parlamentario. Una medida, por lo tanto, al margen de la concertación y fuera del control parlamentario.

Ante esta situación, exigimos un giro inmediato en el diseño de las políticas públicas, de manera que las ayudas que reciban las empresas andaluzas estén condicionadas al mantenimiento íntegro del empleo, se establezcan con criterios de acceso justos y equitativos, se vinculen a daños reales y verificables, y se garantice una distribución transparente de los fondos. Además, reclamamos la puesta en marcha de ayudas directas específicas para las personas trabajadoras afectadas, que siguen siendo las grandes olvidadas de estas medidas.

Nuestro Sindicato nunca va a apoyar políticas que socialicen las pérdidas de las empresas mientras se abandona a la clase trabajadora. Se puede hacer frente a los efectos provocados por fenómenos climáticos extremos desde la justicia social, la protección del empleo y la defensa de los derechos laborales y eso, precisamente, es lo que reclamamos y para lo que participamos en el proceso de concertación social.

 

Valoración de Rafael Gelo, Politica Institucional UGT -A