Según se ha señalado desde el Gobierno de España, están trabajando en la promoción e implementación de diferentes medidas que fomentan la cohesión y la integración de las personas que llegan a nuestro país. Una de las herramientas principales es la aprobación, en los próximos días, de la nueva reforma del Reglamento de Extranjería con el objetivo fundamental de facilitar, con todas las garantías jurídicas, las vías regulares para las personas migrantes y lograr, así, su integración en la sociedad.

 

Hay que señalar, que a pesar de que la tasa de actividad entre extranjeros es más alta (71 %) que la de los nativos (56 %), hay importantes diferencias de participación laboral de las mujeres extranjeras, que tienen un 2,3 % menos de probabilidad de empleo (una brecha que representa una pérdida de unos 1.200 millones de euros anuales).

 

Otra forma de discriminación laboral que señala el informe es la sobrecualificación, ya que un 15 % de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y un número considerable de aquellos con estudios secundarios están empleados para un puesto de trabajo por debajo de su formación, un problema que también afecta más a las mujeres.

 

Sobre la discriminación salarial, las diferencias de sueldos entre la población extranjera y la autóctona alcanzan los 500 euros mensuales.

 

Otro dato significativo, es que la tasa de desempleo de las personas extranjeros es del 18,2 % frente al 11,6 % de la población autóctona, lo que supone una pérdida de 5.100 millones de euros.

 

También los estudiantes que proceden de otro país cuentan con más posibilidades de abandono escolar. de peor rendimiento académico, o de ser acosados en clase, ya que, de acuerdo al estudio, la tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17 % inferior a la de los autóctonos: más de 222.000 jóvenes extranjeros no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones, lo que tiene implicaciones directas en su desarrollo y capacidad de contribuir a la economía española.

 

La discriminación educativa tiene su reflejo también en el nivel máximo de estudios alcanzado: la población extranjera tiene menos probabilidades de acceder a estudios superiores, lo que supone una pérdida de ingresos a largo plazo que, según el informe, se cuantifica en 4.800 millones de euros al año.

 

En definitiva, la nuevareforma del reglamento de extranjería que el Gobierno tiene prevista realizar, tiene el objetivo de facilitar vías regulares para las personas migrantes y lograr su integración en la sociedad. Se pretende reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales, trasponer varias directivas europeas pendientes y velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España.

 

Ante este panorama, debemos recordar que para UGT Andalucía hay tres objetivos irrenunciables por los que seguimos realizando nuestra labor sindical, para trabajadores y trabajadoras, con independencia de su nacionalidad, que son el derecho de toda persona a recibir un trato cortés, respetuoso y digno; el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo y el derecho a la salud en el trabajo, que se garantiza no sólo velando por la prevención y protección frente a riesgos que puedan originar un menoscabo o daño físico, sino también frente a aquellos riesgos que puedan originar un deterioro en la salud psíquica.

 

La legislación, tanto internacional, como europea y nacional, garantiza estos derechos mediante una normativa que prohíbe tanto las discriminaciones, como el acoso. Sin embargo, el acoso en el ámbito laboral, afecta cada vez más a un número mayor de trabajadores y trabajadoras, siendo una violación de derechos fundamentales legalmente reconocidos, un factor de deterioro del clima laboral y un riesgo para su salud.

 

 

Por ello, desde nuestra organización sindical trabajamos firmemente para conseguir una plena Igualdad de Trato y Oportunidades, defendiendo todas las  particularidades y necesidades de las personas trabajadoras, ya sean hombres o mujeres, extranjeros o españoles, jóvenes…, estableciendo en los convenios colectivos los ajustes necesarios para superar posibles situaciones de desventaja de los trabajadores y trabajadoras que han nacido en otro país o están sometidos a la normativa en materia de extranjería. Proporcionamos a la sociedad española actitudes favorables de tolerancia, acogida e integración social para prevenir la aparición de actitudes negativas y modificar posibles conductas racistas, xenófobas o desigualitarias.