Nuevas ayudas al alquiler con opción a compra de 30.000 euros. El precio que se abone por las rentas del alquiler supondrá un pago por adelantado a la futura compraventa, las viviendas acogidas a esta modalidad disfrutaran de protección permanente no pudiendo pasar nunca al mercado libre de la vivienda.

Una subvención de 10.800 euros, para ayudar a la compra de una vivienda en el medio rural, en municipios con población inferior a los 10.000 habitantes, esta subvención no puede superar el 20% del valor de la vivienda adquirida.

Puesta en marcha de un seguro de impago de rentas para jóvenes, con el objeto de dar garantías tanto a propietarios como inquilinos, esta medida ya estaba incluida en el paquete de 12 medidas anunciadas en enero de 2025 por el presidente.

Estas medidas solo han sido enunciadas hoy, sin profundizar en el desarrollo del proceso para acceder a dichas ayudas, ni cómo será la gestión de estas. Entendemos que estas medidas serán desarrolladas con más profundidad en el Plan de Vivienda 2026-29 y podremos con ello tener una opinión más detallada.

También durante su intervención y dentro del próximo Plan de Vivienda 2026-29, el presidente ha garantizado que el presupuesto del próximo plan triplicara al anterior, en este sentido ya el MIVAU en la reunión del mes de julio con las CCAA informo de su intención de pasar de los 2.300 millones de euros a los 7.000 millones de euros, asumiendo el Gobierno Central el 60% y el otro 40% cofinanciados por las CCAA. Esta financiación iría condicionada a que las CCAA llevaran a cabo medidas que facilitaran el acceso a la vivienda en el marco de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Desde las organizaciones sindicales, tras lo manifestado por el presidente, queremos expresar que, sin perjuicio de la utilidad de cada una de estas tres medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, son por sí mismas insuficientes para abordar el verdadero problema económico y social en el que se ha convertido el acceso a la vivienda para cada vez más personas. Porque el problema de la vivienda ya no sólo afecta a las personas jóvenes, hoy las dificultades para acceder a una vivienda se han generalizado independientemente de la edad.

El precio de la vivienda ya sea en régimen de alquiler o compra, no paran de crecer mes a mes, por tanto, además de ofrecer ayudas, es imprescindible limitar los precios, incluso en el mundo rural, donde hoy una subvención de 10.800 euros difícilmente sería suficiente para facilitar adquirir una vivienda en un municipio menor de 10.000 habitantes.

Además, hay que evitar que las ayudas contribuyan a la subida de los precios de tal forma que al final los únicos beneficiarios de la subvención sean los propietarios, como ocurre frecuentemente con el actual Bono Joven.

El seguro de impago, pudiendo ser una medida positiva para animar a los propietarios a poner su vivienda en alquiler, tiene un alcance limitado al incluir sólo al colectivo de jóvenes, para el que puede ser de utilidad, pero actualmente el problema de acceso a la vivienda es un problema que no entiende de edades.

Por ello, las organizaciones sindicales nos ratificamos en las aportaciones/alegaciones que hicimos al MIVAU durante la consulta pública previa al proyecto de Real Decreto que regulara el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-29, donde se recogían nuestras principales propuestas como son: dotarnos de un parque público de vivienda suficiente a precios asequibles con carácter permanente, dotar las políticas de vivienda de presupuestos suficientes, y limitar los precios en las zonas tensionadas. Para ello es imprescindible que la totalidad de CCAA apliquen la Ley Estatal por el derecho a la Vivienda, y en ese sentido compartimos lo manifestado por el presidente y el MIVAU, en cuanto a que la financiación estatal debe distribuirse de forma condicionada al cumplimiento de la citada Ley.