En relación con el cambio climático, la representante sindical ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar los centros de trabajo a la transición ecológica, reforzar la prevención de riesgos y promover la colaboración entre empresas y trabajadores para hacer frente a los efectos ambientales. Subrayar la importancia de la formación en materia medioambiental, así como incluir en los convenios colectivos cláusulas específicas sobre sostenibilidad, economía circular, gestión de residuos y eficiencia energética, y la consolidación de la figura del delegado o delegada de medio ambiente.

El derecho a un entorno laboral seguro y saludable ha sido reconocido como principio fundamental por la OIT, y campañas como "Con sol, es tiempo de prevención", impulsadas por el Gobierno con los agentes sociales, ayudan a mitigar los efectos cada vez más evidentes del impacto del cambio climático en la salud de las personas trabajadoras. A nivel normativo, también ha mencionado el Real Decreto-ley 8/2024, que incluye medidas para dar respuesta a la catástrofe provocada por la DANA, como la prohibición del despido, permisos retribuidos y no recuperables o la priorización del teletrabajo.

En el segundo bloque, dedicado a la transformación tecnológica y los derechos digitales, ha subrayado el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización en la calidad del empleo y en la salud mental relacionada con los riesgos psicosociales. "Desde UGT-A reclamamos una regulación firme y negociada que garantice el derecho a la desconexión digital, la protección de la privacidad y la formación continua".

Asimismo, defendió la incorporación en la NC de cláusulas sobre control tecnológico, transparencia algorítmica y reparto justo de la plusvalía digital, para que los beneficios derivados de la automatización se traduzcan en mejoras salariales o reducciones de jornada, evitando el desplazamiento o la pérdida de empleo.

Por último, centró su intervención en el envejecimiento de la población activa, un reto que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones y al mercado laboral. "Es necesario políticas activas de empleo para mayores de 55 años, itinerarios de reincorporación laboral y medidas contra la discriminación por edad (edadismo)". Abogó, además, por una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, que garantice su bienestar, autonomía y participación social, así como por el refuerzo de los servicios públicos y del sistema de pensiones.

En este ámbito, destacar los avances logrados a través del Pacto de Toledo y las últimas reformas que vinculan las pensiones al IPC y fomentan la jubilación activa y flexible.

Clara de la Colina concluyó su intervención señalando que "solo una transición justa, que combine sostenibilidad ambiental, transformación digital y justicia intergeneracional, permitirá avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, innovador y socialmente responsable, donde nadie quede atrás".