Durante la concentración, el sindicato ha alertado del deterioro del servicio, marcado por la falta de financiación, la escasez de personal y unas listas de espera que continúan creciendo, provocando retrasos inasumibles en la valoración y en el acceso a prestaciones y servicios esenciales.

El secretario general de UJP-UGT Andalucía, José Luis García Chaparro, ha denunciado que “los tiempos de espera superan en muchos casos los 400 e incluso 480 días, prácticamente un año”, lo que está teniendo consecuencias dramáticas: “muchas personas mayores fallecen sin haber sido valoradas o sin recibir la prestación que les corresponde”.

En este sentido, ha insistido en la falta de personal en la administración andaluza, especialmente en los equipos encargados de la valoración: “faltan muchos profesionales en los servicios públicos, y eso está retrasando todo el sistema”, ha señalado, reclamando que “los recursos públicos se destinen a reforzar plantillas y mejorar la atención”.

García Chaparro ha ido más allá al exigir una mayor inversión directa en el sistema, apuntando a que “hay recursos económicos que deben ponerse al servicio de las personas mayores”, en referencia a fondos no ejecutados de ejercicios anteriores que, a su juicio, “deberían destinarse a mejorar la dependencia y reducir las listas de espera”.

El dirigente sindical ha alertado también del déficit de plazas residenciales, subrayando que “Andalucía necesita en torno a 30.000 plazas más”, mientras miles de personas siguen esperando una respuesta. “Hay decenas de miles de personas pendientes, muchas de ellas con grados altos de dependencia, que tienen que seguir esperando incluso después de ser valoradas”, ha advertido.

Asimismo, ha defendido el derecho de las personas mayores a una vida digna: “la Junta de Andalucía tiene que apostar de verdad por las personas mayores, por su calidad de vida y por un sistema que garantice sus derechos”.

En relación con las condiciones del sistema, ha criticado la carga económica que soportan las personas usuarias: “en muchos casos aportan hasta el 75% de su pensión para acceder a una plaza residencial”, mientras, ha denunciado, “no está claro cuál es la aportación real de la Junta de Andalucía, ya que los presupuestos no reflejan con transparencia el esfuerzo público en este ámbito”.

García Chaparro también ha puesto el foco en la necesidad de seguir reforzando la movilización sindical, “vamos a seguir en la lucha para mejorar los servicios públicos y garantizar una atención digna”, ha afirmado, insistiendo en que la dependencia debe ser una prioridad política.

UJP UGT Andalucía ha reiterado que la atención a la dependencia es un derecho subjetivo y no una prestación asistencial, por lo que ha exigido un refuerzo urgente del sistema público, con más financiación, más personal y medidas eficaces que reduzcan las listas de espera.

Finalmente, el sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza para defender un sistema de dependencia digno, accesible y de calidad, que garantice la atención a las personas más vulnerables en condiciones de igualdad.