En los últimos años, España se ha consolidado como un país de acogida, y las personas trabajadoras migrantes están contribuyendo de forma decisiva al crecimiento económico. Sin embargo, esta realidad no puede abordarse únicamente desde el control de fronteras o la burocracia administrativa, sino que requiere avanzar hacia un modelo que garantice la integración real, el acceso a empleo digno y la plena ciudadanía.
La situación de irregularidad administrativa no solo afecta a las personas migrantes, sino que tiene un impacto directo en el mercado laboral. La falta de documentación sitúa a miles de trabajadores y trabajadoras en una posición de extrema vulnerabilidad, expuestos a la economía sumergida, a condiciones laborales abusivas y a la ausencia de protección social, además de dificultar gravemente el acceso a la vivienda y a servicios básicos.
Desde UGT Andalucía defendemos que los procesos de regularización no son una concesión, sino una herramienta imprescindible para garantizar derechos, combatir la precariedad y aflorar empleo irregular. En este sentido, apoyamos la activación de este nuevo proceso extraordinario, el primero en más de dos décadas, que permitirá regularizar la situación de más de medio millón de personas.
Este proceso podrá solicitarse de forma telemática desde esta semana y, a partir del próximo 20 de abril, también de manera presencial en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, con plazo abierto hasta el 30 de junio. Entre los requisitos, se exige acreditar una permanencia continuada en España durante al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales.
UGT Andalucía destaca, además, el impacto positivo que esta medida tendrá sobre el sistema económico y social. Actualmente, las personas trabajadoras extranjeras ya representan el 14,1% de la afiliación a la Seguridad Social, superando los 3,1 millones, lo que evidencia su papel clave en el sostenimiento del sistema y en el equilibrio entre cotizantes y pensionistas.
No obstante, el sindicato advierte de la necesidad de garantizar una correcta ejecución del proceso. En este sentido, reclamamos un refuerzo urgente de las Oficinas de Extranjería, tanto en personal como en medios técnicos, para evitar colapsos y asegurar una gestión ágil y eficaz dentro de unos plazos limitados.
Asimismo, consideramos imprescindible acompañar esta medida con actuaciones firmes contra la economía sumergida y contra quienes se aprovechan de la irregularidad para precarizar el empleo.
En definitiva, la regularización de personas migrantes es una cuestión de justicia social, pero también de racionalidad económica y de cohesión. Desde UGT Andalucía reiteramos nuestro compromiso con una política migratoria basada en los derechos humanos, la igualdad de trato y la inclusión efectiva de todas las personas trabajadoras.
