Según su análisis, la producción industrial andaluza ha registrado una caída mensual del 3,8%, en contraste con el crecimiento del 3,4% en la media estatal. Esta evolución negativa se refleja también en la tasa interanual, que se sitúa en el -0,1%, rompiendo la tendencia positiva de los últimos meses.
El sindicato señala que este descenso está motivado principalmente por la fuerte caída en la producción de energía, que ha disminuido un 16,3%, un retroceso que no ha podido ser compensado por el incremento en los bienes de consumo duradero y en los bienes de equipo. Asimismo, en términos interanuales, la evolución negativa viene marcada por la caída en los bienes de consumo duradero y en los bienes intermedios.
A pesar de este contexto, Andalucía mantiene un crecimiento del 0,9% en la media de lo que va de año, situándose entre las pocas comunidades autónomas con datos positivos frente al conjunto del Estado, cuya media se sitúa en el -2,2%. No obstante, UGT Andalucía advierte de una evolución desigual y de la necesidad de consolidar una política industrial que refuerce el tejido productivo.
En este sentido, el sindicato reclama mayor transparencia en la gestión de las inversiones públicas destinadas al sector industrial, especialmente en relación con el Plan CRECE Industria, que contempla 17.482 millones de euros.
UGT Andalucía denuncia la falta de indicadores que permitan evaluar la calidad del empleo generado y exige que estas ayudas se condicionen a la creación de puestos de trabajo dignos, estables y con derechos, prestando especial atención a las zonas de transición justa.
Asimismo, la organización sindical insiste en la necesidad de garantizar la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector industrial, mediante el cumplimiento de las cláusulas de garantía salarial y la reducción de la temporalidad, apostando por un modelo productivo basado en el empleo estable, la calidad del trabajo y la mejora de las condiciones laborales.
UGT Andalucía concluye que las ayudas públicas deben tener como objetivo el retorno social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y evitando que se conviertan en beneficios empresariales sin impacto real en el empleo.
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