La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Málaga y de CCOO se concentran ante la Delegación Territorial del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en defensa de una dependencia de calidad y digna.

Segundo Martín, secretario general de UJP UGT Málaga, señaló “el pasado año 2023 en Málaga hubo 70.459 malagueños/as que solicitaron el reconocimiento de su situación de dependencia, somos la segunda provincia donde se registraron más solicitudes, un (17%).  

Martín, añade “exigimos “el cumplimiento y aplicación, de la Ley de Dependencia y aumento de plazas públicas residenciales, ya que el Gobierno de Andalucía mantiene la Dependencia en estado CRÍTICO”

Por otro lado, Martín, subrayó “en Andalucía el tiempo medio de espera para resolución, a fecha 31 de diciembre de 2.023 es de 557 días, lo que aumenta en 13 días con respecto al año anterior y que sitúa a Andalucía a la cola del país con la mayor lista de espera, triplicando así los 180 días máximos que establece la ley 39/2006, de 14 diciembre, que establecía un máximo seis meses.

A nivel provincial, Málaga con 14.746 personas, es la provincia con mayor lista de espera de toda la comunidad.”

Muchas personas fallecen esperando que la administración andaluza le dé una respuesta y unos apoyos que le permitan tener una mejor calidad de vida. De las solicitudes registradas, el 87,26% causa baja por fallecimiento (2.782), el 87,26% (2.593) con resolución de grado y el 91,64% con resolución de PIA. Por tanto, en diciembre de 2.023, fallecen 7.484 sin ser atendidas.

Ni los planes de choque llevados a cabo por la Junta de Andalucía ni los diferentes sistemas informáticos instalados para la gestión de la dependencia, ambos financiados con Fondos Europeos, ni la recuperación del Nivel Acordado ni el aumento del Nivel Mínimo de protección en un 56% en los últimos cuatro años por parte del gobierno central, han servido para que la gestión de la Dependencia por parte del gobierno andaluz disminuya las inaceptables listas de espera.

Desde UGT reivindicamos:.

Aumentar el número de personal técnico encargado de las valoraciones y reconocimientos.

Ampliar la plantilla fija de la ASSDA (agencia de servicios sociales de Andalucía) que ha perdido más del 20% de la plantilla desde su creación.

Acabar con las listas de espera.

Subida del 25% en el coste/plaza para los centros de atención a personas dependientes y para la Ayuda a Domicilio y establecer un plan de actualización anual de los precios en función del IPC.

Cumplimiento del Pacto Social y Económico para el impulso de Andalucía que se firmó hace casi un año y que en materia de Dependencia no ha tenido resultados.

Adaptación de los nuevos modelos residenciales según el Acuerdo de Acreditación Estatal.