Durante la alerta meteorológica naranja activada el pasado 28 de enero, estas empresas mantuvieron servicios en condiciones de riesgo grave y evitable, sin adoptar medidas preventivas suficientes y exponiendo deliberadamente a las auxiliares de ayuda a domicilio (un colectivo feminizado, precarizado y altamente vulnerable) a situaciones que ponían en peligro su integridad física.

En algunos casos, los servicios solo se suspendieron tras la insistencia reiterada de UGT y, posteriormente, se llegó incluso a exigir la recuperación de horas, una práctica ilegal y absolutamente contraria al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde UGT queremos señalar con claridad que no estamos ante hechos aislados, sino ante un modelo de gestión de la dependencia basado en la precariedad, el miedo y la ausencia de control público real.

Cuando dos empresas concentran casi la totalidad del servicio, el abuso deja de ser una excepción y se convierte en sistema.

Pero esta denuncia no se dirige solo a las empresas. Las administraciones públicas responsables de la prestación del servicio de dependencia están fallando gravemente.

Externalizar no significa desentenderse. Existe una obligación clara de vigilancia, control y tutela subsidiaria (“in vigilando”), especialmente cuando se trata de un servicio esencial y de trabajadoras expuestas a riesgos graves.

UGT denuncia la pasividad institucional ante incumplimientos reiterados, permitiendo que:

• Se normalice la exposición a riesgos.
• Se utilice la vulnerabilidad laboral como herramienta de sometimiento.
• Se juegue con el miedo al despido para imponer decisiones ilegales.

 

Las auxiliares de ayuda a domicilio no son heroínas ni mano de obra sacrificable.

Son trabajadoras con derechos. Y la esencialidad del servicio no está por encima del derecho a la vida, a la salud y a la dignidad laboral.

Dependencia UGT Servicios Públicos, ha presentado denuncias formales ante la Inspección de Trabajo contra ambas empresas y exige a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad, actúen de inmediato y garanticen que ninguna trabajadora vuelva a ser obligada a elegir entre su seguridad o su empleo.

Este conflicto es laboral, social y feminista, porque cuando un sistema se sostiene sobre mujeres precarizadas, calladas por miedo y expuestas al peligro, lo que falla no es el clima: es el modelo.

Desde UGT Servicios Públicos Jaén lo decimos alto y claro:la seguridad y los derechos de las trabajadoras no se negocian.

UGT. Tu seguridad y tus derechos, primero.