UGT Andalucía

La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Francisca Haro, lamentó que sigamos inmersos en “un día de la marmota eterno, con permanentes subidas y bajadas de empleo ligadas a la estacionalidad del mercado laboral de la provincia, lastrado por las distintas campañas en los sectores agrícolas y de servicios”. De esta forma, en enero “observamos un buen funcionamiento de la construcción, una caída moderada en industria y agricultura, pero un batacazo en el sector servicios, con el fin de la Navidad y el período oficial de rebajas”.

Para Haro, estas cifras son un ejemplo de que “la ciudadanía necesita capacidad adquisitiva para consumir ante una subida de precios y de hipotecas que está dejando a las familias con verdaderos problemas para llegar a final de mes”. Ante esta situación, la representante ugetista celebra la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros en 14 pagas. “Esto permitirá a las personas trabajadoras que tienen empleos más precarios tomar algo de oxigeno, al mismo tiempo que reducirá la brecha salarial existente entre Córdoba y el resto de territorios, ya que es una medida que afecta directa o indirectamente a más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras de la provincia”, señaló Haro.

No obstante, la responsable de Empleo del sindicato insistió en la necesidad urgente de “garantizar el poder adquisitivo en los convenios con la incorporación de incrementos salariales notables, así como de la cláusula de revisión”, por lo que mandó un mensaje de “responsabilidad a la clase empresarial”.

Por último, Haro tampoco se olvidó de las subidas de los tipos de interés, que están “asfixiando a las familias con unas subidas de las cuotas hipotecarias absolutamente inaudibles”. En este punto, recordó la propuesta del sindicato para la creación de un fondo presupuestario estatal para ayudar a las personas y hogares que estén pagando una hipoteca y vayan a ver cómo su coste se eleva de manera extraordinaria y excesiva en su próxima renovación.

Para el sindicato, se trata de una actuación necesaria para evitar un sobrecoste excesivo para muchas familias, inscrita en el marco general de apoyo a la vivienda pública y de alquiler, acompañada de la extensión de las medidas antidesahucios y de aplazamiento del pago del alquiler, al menos hasta que entre en vigor la Ley Estatal de Vivienda.