UGT Andalucía

El sindicato UGT Córdoba, a través de su Federación de Movilidad y Transportes, y como representantes de los trabajadores asalariados del taxi, van a impugnar la nueva Ordenanza del Taxi por la vía contencioso-administrativa, debido a que vulnera principios y leyes fundamentales. A esta medida se le va a sumar una denuncia por prevaricación en los tribunales, puesto que el sindicato considera que  existen indicios de que, a sabiendas de la ilegalidad de algunas de las medidas contempladas en la ordenanza, se pretende perjudicar a trabajadores y colectivos singulares. Ambas acciones van a estar complementada por concentraciones en el Ayuntamiento y diversas instalaciones municipales hasta que el consistorio se comprometa a cambiar dicha legislación.

Para UGT la ordenanza atenta contra los trabajadores del taxi y contra el empleo. Todo su articulado está orientado a penalizar, en lugar de primar, a los autónomos que tienen contratado a un trabajador asalariado: les exige una autorización previa del Ayuntamiento, una regulación horaria fija -tanto al trabajador asalariado como al autónomo que lo tenga a su cargo-, y limita el horario de trabajo y descansos de las licencias con trabajador asalariado igual que las que no lo tienen a su cargo. También exige dedicación plena y exclusiva a los trabajadores asalariados, como si se tratasen de altos cargos de la administración, a cambio de salarios inferiores a mil euros y se establece un régimen sancionador de desmedida dureza que hace recaer todas las responsabilidades sobre el trabajador asalariado,  e imposibilita en la práctica de por vida el acceso de los trabajadores a nuevas licencias municipales de taxi.

Además, UGT Córdoba considera que se trata de una ordenanza que perjudica a la ciudadanía en general. El Ayuntamiento prescinde de la consulta previa con organizaciones de usuarios, consumidores, asociaciones de vecinos y agentes sociales en materia de regulación de la oferta y demanda del servicio (y todas esas asociaciones se han mostrado en contra de la ordenanza). La nueva ley establece horarios, descansos y vacaciones sin contar con la parte interesada. La ordenanza castiga a los que viven en las barriadas que no son céntricas, pues se permite que la bajada de bandera – 1’50 ó 1’86 según tarifa- se pueda doblar en el caso de que el cliente llame desde una de ellas y el taxi haya de desplazarse hasta allí desde el centro, cuando es habitual que durante el horario de tarde y noche se acumulen precisamente los taxis por las paradas y calles más céntricas. La ordenanza no obliga al taxista a dar el recibo de la carrera si el cliente lo solicitase, cuando es el único elemento que podría utilizarse en una posible reclamación. Además, dicha ordenanza entra en contradicciones. Por ejemplo indica que el cliente, si está cerca de una parada, puede elegir entre acudir a ella o pedir un taxi por teléfono, pero señala a los taxistas de la parada que no pueden acudir a recoger a este cliente siempre que esté a 20 o menos metros de distancia de la parada. Esto merma la calidad del servicio, pues muchos ciudadanos, y casi la mayoría de los turistas, no tienen por qué saber la localización exacta de las paradas.

UGT concluye queno se trata de una ordenanza municipal torpemente diseñada por los técnicos municipales de movilidad, cuya cualificación y profesionalidad no está en entredicho, sino de la contrapartida política con la que el  alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, premia al núcleo duro de la asociación Autacor por el apoyo y los favores prestados durante la legislatura y en las sucesivas campañas electorales.