El Decreto afecta a todos los sectores productivos, además se modifican numerosas cuestiones de gran trascendencia como por ejemplo, recoge un cambio significativo en la Ley Forestal de Andalucía; una subida del umbral de ingresos anual familiar para los destinatarios de viviendas y alojamientos protegidos, además de permitir que entidades urbanísticas privadas puedan autorizar construcciones en sustitución de un informe de la entidad pública correspondiente; suprimen órganos consultivos y de informes preceptivos en varias materias que restringen la participación de entidades locales y organizaciones sociales en la toma de decisiones; eliminan auditorías específicas de impacto de género;  cercenan requisitos para centros educativos privados y modifican y relajan numerosos requisitos de los comité de valoración de los casos de dependencia.

En este sentido, en cuanto a los aspectos relacionados con la dependencia, los equipos de valoración de la discapacidad, y en general con los servicios sociales, este Decreto-Ley de simplificación se ha deleitado al respecto, ya que ha recogido numerosos cambios normativos que de ningún modo van a beneficiar a la ciudadanía, sino que al contrario van a restar eficacia a los procedimientos relacionados, ya que desde UGT Andalucía y tras realizar una valoración global al respecto, observamos por ejemplo que, al modificar la composición de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, sin reconocer a los tres profesionales necesarios hasta ahora, como eran una persona con grado en Trabajo Social, otra con grado de Medicina y otro con el grado de Psicología, hace que no se garantice una evaluación multidimensional y completa de la persona que se va a valorar, sino que se va a mermar la calidad de dichos equipos de valoración, pudiendo formar parte de dichos equipos, personas con cualquier titulación universitaria del área sanitaria, que por otra parte no nos parece mal, pero siempre que se respeten los tres profesionales anteriores.

Concretamente, en relación al Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, que es un órgano de participación y control con capacidad hasta ahora para emitir informes preceptivos, con el decreto ley, entendemos que dicha participación colegiada y de entes de representación es un trámite a eliminar para agilizar. Por ello eliminan la posibilidad de participación y de ejercer presión y opinión de los entes de representación social, para las prestaciones garantizadas donde antes necesitaban un informe preceptivo positivo del Consejo, ahora lo han simplificado con un informe facultativo.

Otra materia que han modificado sin previo aviso con la aprobación del Decreto-Ley es la Dependencia, concretamente en la unificación de los dos procedimientos que hasta ahora existían para el reconocimiento de la Dependencia, eliminando uno de ellos, por tanto, con una sola resolución administrativa se recoge la declaración de la situación de dependencia y la obtención del Plan de Actuaciones (PIA), que no disminuirá en absoluto, los trámites para obtener la prestación correspondiente, ni eliminado las listas de espera ni mejorando la calidad en la atención, añadiendo además a esto, que todos los profesionales implicados en el procedimiento van a tener que hacer todas las funciones, sin en algunos casos, tener la formación concreta y lo más grave, sin haberles consultado ni negociado como se van a ver afectados.

Otro temas de los afectados es la modificación de la Orden de Ayuda a Domicilio, la cual se aprobó tan solo hace seis meses para poder realizar el procedimiento de  inclusión de la acreditación de las empresas que puedan prestar el servicio de ayuda a domicilio a los Ayuntamientos,  y cuya modificación se trata de una parte que no se incluyó hace seis meses y que por tanto, se trata de una negligencia y un gran error de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

En definitiva, desde UGT Andalucía, nos preocupan por muchas cuestiones este Decreto-Ley de simplificación, sobre todo por las personas profesionales implicadas, ya que no sabemos en qué medida va a suponer más carga de trabajo, cambios o reubicación de puestos de trabajo, o la necesidad de adaptación a nuevos procesos y sistemas sin la suficiente o debida formación al respecto.

Además, que para que una normativa sobre simplificación administrativa y sobre la regulación económica sea adecuada, ha de estar basada en el interés general, y debe ser proporcional para evitar que se caiga en una sobrerregulación en unos casos, o en una desregulación en otros. Para nuestra organización sindical, este equilibrio es muy importante y en este caso no se ha producido.

Igualmente, no compartimos las formas en las que este Real Decreto se ha llevado a cabo, ya que no hemos podido conocer con anterioridad el texto, ni siquiera un borrador con las medidas que incluye.

Por tanto, nos resulta difícil respaldar una norma de este calibre, máxime cuando estamos hablando de reformas de calado con procedimientos administrativos que se van a simplificar o eliminar y que afectan a materias tales como el medioambiente, la salud pública, dependencia o el urbanismo en nuestra Comunidad Autónoma.

Desde UGT Andalucía mostramos nuestra preocupación por cuestiones como potenciar las “declaraciones responsables” o “el sentido positivo del silencio administrativo”, ya que según en qué procedimiento y en qué materias, estaríamos ante una “desregulación” con importantes consecuencias para la ciudadanía, ya hay una amplia jurisprudencia al respecto.