Por tanto, desde UGT Andalucía y desde la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA), nos unimos a la lucha contra las desapariciones forzadas, ya que se trata de una batalla por la dignidad humana. Es un llamado a construir sociedades donde todos los seres humanos sean tratados con respeto y justicia. Hoy, como cada 30 de agosto, nos solidarizamos con las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria y la justicia.

La desaparición forzada, definida como la privación de libertad de una persona por agentes del Estado o con su aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer la detención o dar información sobre el paradero de la persona detenida, es una violación grave de los derechos humanos. Este crimen no solo afecta a la víctima directa, sino también a sus familias y comunidades, quienes sufren la incertidumbre y el dolor de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos.

En muchos países, las desapariciones forzadas han sido una herramienta de represión política. Regímenes autoritarios y dictaduras han utilizado esta táctica para silenciar a opositores, periodistas, activistas y cualquier persona considerada una amenaza para el poder establecido. A pesar de los avances en la legislación internacional, muchas de estas atrocidades quedan sin castigo, perpetuando un ciclo de impunidad que erosiona la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.

Hoy, más que nunca, es esencial que la comunidad internacional se una en un clamor por la verdad y la justicia. Las familias de los desaparecidos merecen respuestas y reparación. Es imperativo que los Estados se comprometan a investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y tomar medidas para prevenir futuras desapariciones. Es crucial que se implementen políticas de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y testigos, quienes frecuentemente enfrentan represalias por su trabajo en la búsqueda de la verdad.

En América Latina, una región marcada por un oscuro pasado de dictaduras y conflictos internos, el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas adquiere una resonancia especial. Países como Argentina, Chile, Colombia y México han vivido de cerca el dolor de miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos y desaparecidas

Si bien ha habido avances significativos, como la creación de comisiones de la verdad y programas de reparación, la lucha está lejos de terminar. La memoria histórica y la justicia transicional son procesos que deben ser continuamente alimentados por la verdad y el compromiso ético.

En España, las heridas de las desapariciones forzadas durante la dictadura franquista siguen abiertas. Entre 1936 y 1975, miles de personas fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por razones políticas. Según estimaciones, hasta 114,000 personas pueden haber sido víctimas de desapariciones forzadas durante este periodo oscuro de la historia española. La falta de reconocimiento oficial y de una política efectiva para la exhumación de fosas comunes han dejado a muchas familias sin respuestas ni justicia. Muchas de estas 114.000 personas pertenecían a UGT, desagraciadamente el sindicato pagó un alto tributo de sangre, exilio, prisión, marginación en la posguerra, sufriendo nuestros compañeros y compañeras ugetistas la persecución y en muchos casos, la pérdida de sus vidas. Y es por esto, que en este día no puede faltar nuestra aportación a la conmemoración y el recuerdo de todas las personas desaparecidas de forma forzosa e inhumana.

No podemos obviar que por cada desaparición supone la violación de una serie de derechos humanos como el derecho a la seguridad y la dignidad personales; el derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes: el derecho a unas condiciones de detención humanas; el derecho a la personalidad jurídica; el derecho a un juicio justo, el derecho a la vida familiar y el derecho a la vida (si matan a la persona desaparecida o se ignora su suerte)  

Aunque en los últimos años ha habido un aumento en las iniciativas de recuperación de la memoria histórica, incluyendo exhumaciones y el reconocimiento de víctimas, queda mucho por hacer. La reciente Ley 20/2022 de Memoria Democrática proporciona un marco para estas acciones, pero enfrenta desafíos políticos y sociales que dificultan su implementación efectiva. Para muchas familias, la recuperación de los restos de sus seres queridos y el reconocimiento oficial de su sufrimiento siguen siendo una lucha diaria.

En este día, es vital recordar que cada caso de desaparición forzada no es solo un número en una estadística, sino una historia humana de vida truncada. Recordemos a las madres y padres que aún buscan a sus hijos, a los niños que crecieron sin conocer a sus padres, a las comunidades que se han visto obligadas a vivir con la sombra de la violencia y el silencio.