El salón de actos de la Diputación Provincial de Córdoba acoge hoy y mañana unas jornadas estatales de la federación de Servicios Públicos del sindicato UGT que, con el título Nuevos desafíos para la negociación colectiva en la Administración Pública, conectando el futuro de los Servicios Públicos, trata de trasladar a delegados de toda España los grandes retos que los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial impondrán en la transformación de los Servicios Públicos en nuestro país.

En la inauguración, el presidente de la Diputación, salvador Fuentes, valoró muy positivamente las relaciones de la institución provincial con UGT, con la que aseguró, "siempre está para echar una mano en los peores momentos" e insistió en el papel "constructivo" que el sindicato tiene en nuestra provincia.

Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, coincidió en las buenas relaciones con la institución provincial cordobesa y agradeció la hospitalidad y la firma de un próximo convenio que, subrayó, "ayudará a poner en marcha los premios Progreso en nuestra Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, FUDEPA, en Córdoba".  Martín destacó la importancia de las jornadas y subrayó "los cambios que se están produciendo en la negociación colectiva por la irrupción de la Inteligencia Artificial y los procesos de digitalización, que sabemos que podrían reducir los puestos de trabajo, pero también para crear nuevos puestos en el ámbito de la robotización en la Administración Pública". Por este motivo, el secretario andaluz de UGT insistió en el análisis de las jornadas y en la revisión de elementos como "la precariedad laboral", que afectarían a sectores como "las plataformas digitales, el teletrabajo o los falsos autónomos".

Finalmente, Oskar Martín valoró la negociación colectiva como instrumento fundamental a través del cual UGT "mejora las condiciones de trabajo, laborales y económicas de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública" por lo que, señalo, "estas jornadas podrán darnos las claves de esos nuevos retos para así mejorar los resultados en los procesos de negociación con las Administraciones Públicas".

Por su parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, inició su intervención llevando a cabo un balance positivo de los anteriores acuerdos firmados con el Gobierno central, entre ellos el acuerdo para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas. Lacuerda indicó que "gracias al acuerdo y el trabajo de UGT Servicios Públicos hay 600.000 plazas Ofertadas, 522.000 convocadas y más de 225.000 cubiertas. Esto implica que la temporalidad abusiva, la de más de tres años, se reducirá 37 puntos".

Asimismo, Lacuerda valoró muy positivamente que el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI haya generado "un aumento de 236.461 empleadas y empleados públicos, ha amortiguado la inflación, pues se va a alcanzar la horquilla máxima en materia retribuciones, 9,8% más deslizamientos, desbloqueado la disminución de jornada laboral y otros derechos como aspectos de la jubilación que estamos actualmente negociando".

El máximo responsable de UGT Servicios Públicos señaló que "hay que superar de una vez la pandemia. Se debe recuperar la normalidad plena para dar el mejor servicio a la ciudadanía". Lacuerda subrayó requisitos como la cita previa en algunos servicios esenciales que generan desconfianza y malestar en la ciudadanía.  "Se parece demasiado al vuelva usted mañana de Mariano José de Larra", sentenció.

Por último, Lacuerda hizo especial hincapié en la necesidad de cambiar la Ley de Desindexación y destacó que "la modificación del marco normativo de la contratación pública es primordial para garantizar que el precio de las concesiones contemple el valor real de los costes laborales, así como su posible revisión si durante su vigencia aumentan". Según indico, en la actualidad, las personas trabajadoras en este sector, el 77,8 % mujeres, que llevan a cabo 48 millones de intervenciones y gestionándolas con alto nivel formativo, están "condenadas a una precariedad inasumible en gran parte la actual ley de desindexación".

El secretario general de UGT Servicios Públicos finalizó señalando que "es, por tanto, una prioridad que los 100.00 millones que se destinan a la contratación, además de justificados, respeten la calidad del servicio y las condiciones de trabajo".

En su exposición, la secretaria de Estado para la Transformación Digital y la Función Pública, Clara Mapelli, destacó que "tenemos que ser capaces de prestar servicios públicos a la ciudadanía con la calidad que los ciudadanos demandan, atenderles en el modo que estos elijan y con tiempos razonables para ser efectivos. Estoy segura de que, con vuestro trabajo diario y vuestra vocación de servidores públicos, seremos capaces de realizar una transformación de la Administración basada en el consenso, una Administración abierta y sostenible en términos políticos, económicos y sociales".