Recordemos que el pasado año se inició la tramitación de la Ley de Vivienda en Andalucía, pero que debido a la urgencia que tiene dar soluciones al grave problema de la vivienda en nuestra región, se ha querido adelantar ciertas medidas que se recogen en este Decreto-Ley aprobado ayer.

Según el Gobierno Andaluz, para poder agilizar la construcción de viviendas, se plantea los cambios en los usos del suelo disponible, de forma que las parcelas que tienen usos turísticos o de oficinas, se puedan destinar a viviendas. Y además del cambio de uso, salvo de las parcelas destinadas a usos sanitarios y educativos, se contempla también el aumento de la edificabilidad de las parcelas para que se puedan construir más viviendas y también se amplían los límites de los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de venta con el objetivo de que tengan acceso más personas.

Por tanto, las medidas que se recogen en este Decreto Ley básicamente, son:

•       El incremento de la edificabilidad de las parcelas, que permitirá que solares o edificios con usos como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas, y se aumentó además la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales siempre que sean protegidas. Estas parcelas para vivienda libre se podrán incrementar un 20% la densidad de las viviendas y su edificabilidad en un 10%. Y todo esto sin la necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística.

•       Igualmente se crea una bolsa de suelo municipal, que se hará con la colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para constituir viviendas a precio asequible y además se incorporarán estas viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que, según la Junta de Andalucía, supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos 250 viviendas protegidas.

•       También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de urbano sostenible.

•       Por otro lado, los promotores podrán acceder a incentivos a la construcción.

•       Se actualizarán los precios máximos, que permita comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación, Los Ayuntamientos también tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.

•       Además, se amplían las personas destinatarias de las viviendas protegidas, permitiendo familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Por ello se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para viviendas de régimen general y hasta 7 veces el IPREM en Régimen de precio limitado.

Básicamente estas son las medidas que la Junta de Andalucía ha adelantado en el Decreto-Ley aprobado, pero que desde UGT Andalucía, a pesar de apoyar las medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna a toda la ciudadanía andaluza, creemos que no son suficientes y además debemos decir que se ha hecho con una premura que no ha permitido que se pueda valorar ni siquiera un borrador del texto, sino que realizamos aportaciones de forma generalizada sin conocer siquiera el contenido de la norma.

Por otro lado, la construcción de las 20.000 viviendas que el Gobierno andaluz ha manifestado que va a  realizar en los próximos años es claramente insuficiente para hacer frente a las necesidades que los andaluces y andaluzas tienen en esta materia, ya que no se trata de medidas urgentes, porque las primeras viviendas no estarán finalizadas hasta dentro de cinco años, y además nos preocupa que no se tengan en cuentan a las personas que están incluidas en el Registro de Demandantes de Vivienda protegida, que llevan esperando disfrutar de una vivienda durante años, por ello, exigimos un control exhaustivo ante esto.

Igualmente, el aumento en los límites de renta para acceder a una vivienda protegida, va a excluir aún más a los colectivos vulnerables con más dificultades, pudiendo acceder las rentas más altas.

Por otro lado, también creemos que en lugar de ofrecer suelo público cuya propiedad es de la Junta de Andalucía, a las entidades, promotores y empresas privadas, y ya que se dispone de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para este mismo fin, pues que dicha Agencia sea la que mantenga la propiedad del suelo y de las viviendas, para que realmente pertenezcan al parque público de vivienda.

Nos preocupa igualmente este aumento en la densidad y la edificabilidad de las viviendas, ya que este hecho debe estar completamente controlado para que las mismas cumplan con las medidas y las normas establecidas en cuanto a habitabilidad.

Por otro lado, desde UGT Andalucía manifestamos nuestra preocupación en cuanto a la vivienda turística y solicitamos su inclusión en la Ley de Andalucía futura, ya que hace que los precios del alquiler se disparen, porque hay una escasa oferta en muchas ciudades andaluzas, impidiendo en muchos casos disponer de una vivienda, hecho que tampoco se ha incluido en Decreto Ley aprobado.

Además, por parte de UGT Andalucía, es una medida urgente al igual que la regulación de la vivienda turística, y que tampoco la han tenido en cuenta, la de regular las zonas tensionadas, y el control y limite en los precios del alquiler.

En definitiva, desde UGT Andalucía, a pesar de apoyar aquellas medidas que faciliten que toda la ciudadanía ejerza de una vez por todas el derecho constitucional de disponer de una vivienda digna, manifestamos que este Decreto Ley no va a mejorar la situación de miles de andaluces y andaluzas que no pueden vivir dignamente, y sobre todo de colectivos con tanta dificultad, como son las personas jóvenes.

Y por supuesto, volvemos a incidir que el borrador de este norma, no se nos ha facilitado y no ha sido consensuado con los agentes Sociales y Económicos,  habiendo manifestado por activa y por pasiva, que somos parte de la firma del Pacto Social en Andalucía, donde se retomaba el diálogo social de la Administración y por ello, queríamos ser partícipes en la elaboración tanto de la Ley de Vivienda, como por supuesto, de este Decreto-Ley de urgencia, no solamente en el mero trámite de información, una vez ya confeccionado el texto normativo, ya que nuestra absoluta finalidad es que toda la ciudadanía andaluza pueda ejercer su derecho constitucional a poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada.