En Andalucía hay 13 centros penitenciarios y 7 Centros de Inserción Social (CIS), centros donde los presos están en régimen de semi-libertad. La ratio para los módulos penitenciarios es de unos 140 presos para dos funcionarios y esta situación se agrava en ocasiones en los CIS. El de Málaga, con más de 500 reclusos es el centro más sobrepoblado de España, y ya se han producido tres agresiones a funcionarios desde su inauguración hace cuatro años.

Hasta ahora el Gobierno ha privatizado determinados servicios, ha recortado los derechos conseguidos a lo largo de muchos años por los trabajadores, ha iniciado una política de “terror” con inspectores sorpresa en los centros penitenciario, ha congelado la oferta de empleo público entre otras medidas. El resultado es que la población reclusa crece cada año y cada vez hay menos funcionarios para custodiarlos y más descontentos.

“Estamos desbordados”, declara González Delgado. “La gente está literalmente asustada y muy decepcionada con la política de personal que se sigue”, continúa el sindicalista. De entre los recortes más graves, el responsable de UGT prisiones en Málaga destaca la privatización paulatina de determinados servicios. Por ejemplo, el de “barrera”. A la entrada de una prisión antes se pasaba por una barrera compuesta por un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un funcionario de prisiones, que ha sido sustituido por seguridad privada.

“Hay compañeros que se jubilan, que fallecen o que se van del servicio. Cada vez somos menos funcionarios de prisiones y la población reclusa continúa creciendo”, explica Antonio González Delgado. “Reclamamos que se paralice la privatización y se modifique la política de gestión de recursos humanos, y esa política de acoso y derribo a los funcionarios de instituciones penitenciarias”,  concluye el sindicalista.