Las consecuencias, únicamente en términos de pérdida de biodiversidad, son alarmantes y demuestran que es fundamental incluir la prevención de grandes incendios forestales en el diseño de las medidas de preservación y gestión de los espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos y los distintos niveles de riesgo a los que debemos de enfrentarnos.

Además, la falta de una gestión adecuada del paisaje provoca que, en multitud de ocasiones, los escenarios en los que se dan los grandes incendios forestales sean indefendibles, quedándose amplias zonas fuera de la capacidad de extinción del personal de los servicios de extinción.

Entre junio y lo que llevamos de julio, son ya tres los grandes incendios (más de 500 hectáreas) registrados en Andalucía, arrasando al paso del fuego 3.500 hectáreas de masa forestal: 532 ha. en Tarifa y 2.160 ha. En Níjar, ambos en los primeros días del mes de junio y las más de 800 ha. que han ardido en Cerro Muriano el pasado fin de semana.

Además, en el primer semestre del año, se han registrado ya un total de 16 incendios y 114 conatos, lo que demuestra la necesidad de contar con un dispositivo adecuado para poder acudir a los siniestros con la mayor de las celeridades posibles.

En este sentido, en Andalucía, el dispositivo contra incendios está compuesto por unos 3.800 bomberos y bomberas forestales, de los cuales algo más de un 25% llevan a cabo sus trabajos únicamente en el periodo de mayor riesgo de incendios, siendo dados de baja el 15 de octubre de cada año.

Aunque es cierto que, con la llegada del otoño, el riesgo de incendios es menor, que no nulo, no podemos olvidar que estos periodos de riesgo medio-bajo son utilizados por las unidades para poder llevar a cabo el necesario trabajo preventivo en el monte, las labores de sensibilización, la adecuación de las infraestructuras, la revisión de las zonas periurbanas, la inspección de los puntos de agua o la realización de las quemas prescritas.

También es importante trasladar al conjunto de la ciudadanía que, durante estos periodos de menor riesgo de incendios, son también estas unidades las que llevan a cabo las actuaciones frente a las, tristemente, cada vez más frecuentes emergencias climáticas y catástrofes naturales. Las personas trabajadoras de nuestro dispositivo contra incendios son también de los pocos recursos con los que cuenta Andalucía para actuar en caso de nevadas, inundaciones, riadas de agua, búsqueda de personas desaparecidas en el medio natural, adecuación de vías, pistas y caminos o retirada de elementos en caso de rachas de fuertes vientos.

Sin embargo, a pesar de la importante labor llevada a cabo por las personas integrantes de estos dispositivos, lo cierto es que se están viendo obligadas a realizar su trabajo en unas condiciones tremendamente precarias: plantillas insuficientes, falta de equipos de protección individual o equipos obsoletos o inadecuados, estado alarmante de los vehículos contra incendios e incluso enormes deficiencias en los avituallamientos que reciben mientras que están jugándose la vida luchando contra el fuego y a elevadas temperaturas (en muchas ocasiones, un bocadillo en condiciones lamentables y sin agua potable que poder beber durante horas).

Estas condiciones de precariedad, además de incrementar los tiempos de reacción y de control y extinción de los incendios, también supone un elevado grado de riesgo añadido para la salud y la seguridad del personal de los dispositivos.

Por todo ello, desde UGT Andalucía reafirmamos nuestro compromiso con las políticas de prevención y lucha contra los incendios forestales, entendiendo que las consecuencias de los mismos son especialmente devastadoras para una Comunidad Autónoma con la riqueza natural que tiene Andalucía. Los incendios forestales impactan sobre la flora y la fauna, degradan y erosionan el suelo, contaminan las aguas y provocan deslizamientos de tierras. Pero también tiene efectos complejos sobre la ciudadanía, ocasionando pérdidas de vidas humanas, daños personales y materiales, obligando a las personas a abandonar sus lugares de residencia, así como importantes costes para la economía y para el modelo de desarrollo comarcal.

Luchar contra los incendios y contra los efectos del fuego es una cuestión trascendental y que requiere contar con un adecuado dispositivo de lucha contra los mismos. Un dispositivo que debe incrementar sus esfuerzos presupuestarios para ampliar la actual plantilla, dotándola de los equipos de protección necesarios y de unas infraestructuras y unos vehículos adecuados y seguros. Unas condiciones laborales de calidad y dignas, que nada tienen que ver con los servicios de avituallamiento, de comida y de agua que se están dando en la actualidad y que son del todo indignos para unas personas que se están jugando la vida controlando y apagando el fuego.

Mostramos así nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores concentrados en la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) y hacemos nuestra su reivindicación de recuperar el complemento de antigüedad, algo a lo que ya se había comprometido el Gobierno de la Junta de Andalucía y que ya se ha convertido en una cuestión de justicia social.

Más allá de que el dispositivo de lucha contra incendios en Andalucía se integre en AMAYA o en la futura Agencia de Emergencias Integrales de Andalucía, estamos conformes con la necesidad de reestructurar y rediseñar este dispositivo, lo que no entendemos es que esta fase se quiera desarrollar sin contar con los representantes de las personas trabajadoras. Se pretende llevar a cabo una remodelación integral del dispositivo, haciendo desaparecer retenes, reforzando unos y minimizando otros, sin ni tan siquiera considerar las aportaciones y el conocimiento que del mismo tienen las personas trabajadoras, las que ponen en riesgo su vida cada vez que salen al medio rural a luchar contra el fuego.