La sesión ha comenzado con la mesa “Mapa de los desafíos y retos sociales en las ciudades”, con la intervención de Estrella Candelaria Cruz Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla, quien ha expuesto un análisis sobre los desequilibrios sociales y económicos que están afectando a las políticas de vivienda y a la cohesión de los entornos urbanos.

A continuación, se ha celebrado la segunda mesa del día, “Cómo recuperamos nuestras ciudades frente a la expansión de los pisos turísticos”, centrada en el impacto del alquiler vacacional sobre el mercado residencial y en la necesidad de preservar el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria.

En este debate han participado Eduardo Robsy, economista especializado en vivienda; Enrique Navarro, catedrático de la Universidad de Málaga; Sergio de Oses, de la Dirección Sectorial de Hostelería de FeSMC-UGT; y Eduardo González de Molina, investigador asociado en la University College of London, bajo la moderación de Catalina Núñez, secretaria general de UGT Servicios Públicos de Málaga.

Los ponentes han coincidido en señalar la urgencia de establecer una regulación más firme sobre el uso turístico de la vivienda, reforzar el papel de los ayuntamientos en la ordenación urbana y avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible y equilibrada.

Posteriormente, ha comenzado la mesa “La normativa de la vivienda a debate. Cambios normativos ante la emergencia habitacional”, con las intervenciones de Juan Carlos Villalón, abogado de UGT; Wellington Migliari, investigador de la Universidad de Barcelona; y José Mariano Benítez de Lugo, abogado, moderada por José Manuel Benavides, abogado de AVRA Málaga. Este panel analiza las carencias de la actual legislación y la necesidad de reforzar las garantías jurídicas para proteger el derecho constitucional a una vivienda digna.

Entre las reflexiones que se han puesto  de relieve a lo largo de la jornada, destaca la necesidad de llevar a cabo una política de vivienda que incluya un análisis multicriterio en todas sus fases de acción —con alcance estatal, autonómico, subregional y local—, de manera que las estrategias se diseñen teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales y sociales.

Se ha considerado fundamental avanzar hacia un enfoque que atienda los factores desequilibrantes del mercado de la vivienda y la vulnerabilidad que este genera.

Los expertos coinciden igualmente en la necesidad de prestar especial atención a las formas de tenencia, ya que sigue siendo dominante la vivienda en propiedad frente al alquiler.

Las políticas públicas deben, por tanto, favorecer un parque público de vivienda real, de alquiler y rotatorio, que garantice el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos. Se ha recordado además que las viviendas en venta no deberían poder descalificarse, insistiendo en la urgencia de establecer un mayor control del parque social de vivienda para asegurar su función social.

Por último, se ha puesto de manifiesto que, sin restar importancia al papel de los promotores privados en la ejecución de vivienda dentro del modelo actual, la Administración, en sus diferentes escalas competenciales, debe ser la que lidere y vele por una verdadera política social de vivienda, orientada al interés público y no a la rentabilidad económica.

Tal y como se ha señalado, no puede concebirse una política de vivienda desligada de los principios de justicia social y cohesión territorial.

Las jornadas, que se celebran del 10 al 12 de noviembre, reúnen en Málaga a representantes sindicales, académicos, responsables públicos y expertos europeos para analizar los retos y proponer soluciones en materia de vivienda digna y sostenible.