El sindicato alerta de que estos profesionales trabajan en condiciones que "afectan directamente a su bienestar y al correcto desarrollo de sus funciones", lo que "pone en riesgo la calidad del servicio prestado a los menores bajo tutela".

Por ello, el sindicato exige a la Junta de Andalucía una actualización "urgente" del presupuesto que se destina por cada menor a estas entidades colaboradoras, con el fin de "garantizar recursos adecuados para su atención y protección" y reclama también una "mejora sustancial" en los sueldos de los profesionales que trabajan en estos centros, así como una actualización de sus respectivos convenios colectivos "para garantizar sus derechos laborales".

De este modo, UGT exige que el complemento de peligrosidad se incluya de forma "automática" y "sin necesidad de acudir a la vía judicial" en las nóminas de todos los trabajadores que desempeñan sus funciones en centros con características especiales" e insta a que el Parlamento Andaluz promueva iniciativas legislativas para que se revisen y actualicen los preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor.

"Esta revisión debería dar lugar a propuestas de mejora que se eleven al Gobierno central para adaptar la normativa a la realidad actual. Desde UGT Servicios Públicos Huelva reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales de estos profesionales, cuya labor resulta clave en la protección y el bienestar de los menores tutelados", han manifestado.