Para la central sindical, estas grabaciones vulneran el derecho a la intimidad y suponen una nueva forma de agredir a los facultativos, por lo que ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que actúe con medidas como la colocación de carteles en los que se advierta a los usuarios de que estas prácticas son ilegales.

 

Así lo ha señalado UGT que afirma que "cada vez de manera más frecuente se producen quejas sobre este tema de profesionales que trabajan en el sistema público". 

 

"Está ocurriendo cada día que usuarios --ya sean pacientes, familiares, acompañantes e incluso personas ajenas al centro sanitario-- realizan grabaciones de audio o vídeo de trabajadores realizando su profesión sin su consentimiento y en las que no aparece siquiera el que realiza la grabación", relata el sindicato.

 

Para abordar las agresiones a sanitarios, la Junta ha constituido a finales de 2025 el Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios de Andalucía después de que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto de su creación el pasado septiembre, un observatorio que "muy pocas comunidades autónomas tienen formalizado", cuyo objetivo es prevenir y sancionar la violencia a los trabajadores del sector.

 

El Observatorio de Agresiones es un órgano asesor, compuesto por representantes tanto de Sanidad como de Interior y del Servicio Andaluz de Salud, de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, de los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Trabajo Social, Psicólogos, Podólogos, Veterinarios, Dentistas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupaciones y Logopedas que tendrá su complemento en cada una de las provincias.

 

Durante 2024, los letrados del SAS realizaron 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. Las penas de estas sentencias oscilan entre los doce meses y los tres años de prisión.

 

 En 2024, los últimos datos disponibles difundidos por la Administración autonómica, se registraron 362 agresiones físicas a profesionales sanitarios y 1.504 agresiones no físicas en los centros sanitarios públicos de Andalucía, de las que el 47,48% se produjeron en hospitales y el 52,52% restante en centros de Atención Primaria.