Esta cifra es sólo orientativa, ya que en la misma fosa fueron sepultadas otras personas hasta alcanzar un total aproximado de 1.200. Estos restos pertenecen, sobre todo, a niños y ancianos, que podrían haber sido también víctimas de las circunstancias de aquellos momentos, y que no pudieron soportar las penurias y la desolación provocada por el golpe militar.

Los especialistas aseguran que "los cuerpos enterrados en el cementerio de la Salud, de Córdoba, podrían superar en su conjunto los 4.000, cifra muy inferior, en cualquier caso, a la que se podría alcanzar en el Cementerio de San Rafael, teniendo en cuenta que los registros no recogen a todas las personas que fueron inhumadas en estos cementerios".

El secretario General de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha pedido al alcalde popular, José María Bellido, que cumpla el compromiso que adquirió con el movimiento memorialista de Córdoba, de poner en marcha la Oficina de Víctimas, en paralelo a los trabajos de exhumación de represaliados del franquismo, en los cementerios de la Salud y San Rafael".

Se trata, dice Palomares: "de la necesidad de disponer de un centro de referencia que sirva para que se recopilen sistemáticamente todos los datos, así como el ADN de cada resto encontrado, para así facilitar la localización de las personas desaparecidas ya que, de otro modo, los trabajos y la finalidad de estas actuaciones quedarían incompletas y no se podrían identificar los cuerpos"."Esto debe de llevarnos a una profunda reflexión sobre un pasado que no debemos olvidar, para así nunca repetirlo, y que permita explicar el cómo y por qué sucedieron estos hechos".

El líder ugetista cordobés, ha elogiado la profesionalidad y el buen hacer de los trabajadores en las excavaciones que: "llevan a cabo la labor con mucho cuidado y cariño; el que se precisa para movilizar los restos de personas asesinadas, simplemente, por pensar diferente".

Por su parte, el secretario de Políticas Sociales y Memoria Histórica, Ramón Sánchez Garrido, ha agradecido al equipo multidisciplinar que realiza los trabajos de exhumación, catalogación e identificación de los cadáveres: "su enorme trabajo y profesionalidad en el desempeño de sus funciones, siendo conscientes de las enormes dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de identificar a las víctimas."

Señala Sánchez Garrido, que: "Las familias de las personas desaparecidas tienen el derecho a conocer la verdad e intentar esclarecer el paradero de las personas desaparecidas. El derecho a la verdad, a lo acontecido por las víctimas, a las violaciones que le han afectado, pero además se debe dar a conocer la verdad a la sociedad para impedir que tales violaciones se repitan. Además de poder recoger los restos mortales de sus familiares, para darles una sepultura digna, para restablecer la dignidad de muchas personas que fueron asesinadas, muchas de ellas por tener el carnet de un partido político o de un sindicato, como es el caso de nuestra UGT".