En 2024, un total de 48 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas, de las cuales 10 eran de Andalucía. Más alarmante es que 14 de ellas habían presentado denuncias previamente, lo que pone de manifiesto la ineficacia de las medidas de protección en muchos casos. Además, 36 menores quedaron en situación de orfandad a causa de estos feminicidios y 9 asesinatos por violencia vicaria, tres en Andalucía.

Las cifras de violencia de género en 2024 también revelan una realidad preocupante: se interpusieron 149.582 denuncias en toda España, de las cuales 29.647 fueron en Andalucía, posicionando a nuestra comunidad autónoma entre las regiones con mayor incidencia. De estas denuncias, 22.027 resultaron en atestados policiales. Asimismo, 16.017 personas contactaron al 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, lo que refleja la gran cantidad de mujeres que aún necesitan ayuda ante el miedo y el peligro en el que se encuentran.

Comenzamos un nuevo año 2025 marcado por la tragedia

A pesar de los datos alarmantes del año anterior, 2025 ha comenzado con un balance igualmente trágico. En apenas mes y medio, dos mujeres han sido asesinadas en España a causa de la violencia de género, una en Andalucía y otra en Asturias. Estos crímenes han dejado a cinco menores huérfanos/as.

El primer crimen del año ocurrió el 31 de enero en Langreo (Asturias). Karilenia, una mujer de 40 años de nacionalidad cubana, fue brutalmente asesinada en plena calle por su pareja, Francisco F, un hombre de 72 años con quien mantenía una relación reciente. No había denuncias previas, pero el entorno de la víctima comentó que las discusiones eran frecuentes. Karilenia deja a dos menores huérfanos/as, quienes ahora reciben atención psicológica y viven con su abuela mientras se decide su futuro.

El último caso  de ayer, ha impactado a la sociedad andaluza por ser aquí, y que pone de manifiesto el fracaso del sistema de protección a las víctimas, es el asesinato de Catalina en Benalmádena (Málaga), un feminicidio que pudo evitarse.

Catalina, una mujer de 48 años y madre de cuatro hijos/as, tres con su agresor de edades comprendidas entre los siete y once años y otro/a mayor de edad fruto de una relación anterior, fue asesinada el 9 de febrero cuando su expareja, Augustine, incendió el hogar familiar con ella dentro. Lo más preocupante de este caso es que Catalina estaba incluida en el sistema de seguimiento VioGén tras haber denunciado a su agresor, pero no se le otorgaron medidas de protección.

El 20 de enero, Catalina decidió denunciar a Augustine después de que él la amenazara y levantara la mano. Aunque en esa ocasión no llegó a agredirla físicamente, ella confesó que en el pasado había sido víctima de su violencia. A pesar de esto, la evaluación policial clasificó su caso como de riesgo medio, lo que, en el juzgado, se interpretó como insuficiente para imponer medidas cautelares.

El 3 de febrero, solo seis días antes del asesinato, Catalina tuvo un juicio rápido contra Augustine. En esa ocasión, tanto ella como la Policía solicitaron medidas de protección, que nuevamente fueron rechazadas por la jueza, quien alegó la falta de “una situación objetiva de riesgo”. Catalina quedó entonces en un estado de “inactivación supervisada” dentro del sistema, lo que significa que habría un seguimiento policial durante seis a doce meses, pero sin medidas efectivas de alejamiento ni protección.

Menos de una semana después, a las 5:25 a.m., el mismo presunto asesino llamó a emergencias para informar sobre el incendio que acababa de ocasionar, aunque sin mencionar que la vivienda pertenecía a su expareja ni que él era el responsable. La Policía Local de Benalmádena llegó rápidamente y logró rescatar a los tres hijos menores que estaban en el interior de la casa.

El asesinato de Catalina es el reflejo más cruel de cómo el sistema sigue fallando a las mujeres que deciden dar el paso y denunciar a sus agresores. A pesar de estar en VioGén y de haber solicitado protección, su vida no se consideró en peligro. La justicia no tomó las medidas adecuadas a tiempo, y la consecuencia ha sido su muerte.

Desde UGT Andalucía denunciamos la escasez de medios y recursos efectivos para garantizar la seguridad de las mujeres que sufren violencia machista. No es aceptable que sigamos sumando víctimas que han solicitado ayuda y, aun así, han sido asesinadas.

No podemos permitir que las mujeres sigan muriendo mientras esperan protección. No podemos normalizar que cada año cientos de niños y niñas queden en situación de orfandad a causa de la violencia machista. La violencia de género debe ser una prioridad en los ámbitos político, social y económico, y desde UGT Andalucía continuaremos exigiendo soluciones reales para que no haya ni una víctima más.