Con el cumplimiento de este acuerdo "se acaba con décadas de discriminación" de los trabajadores públicos de instituciones sanitarias respecto a otros funcionarios o laborales de la administración pública que pueden optar a diferentes modelos de jubilación de forma voluntaria, señalan ambos sindicatos en nota de prensa.

UGT y CCOO entienden que "la presión laboral" a la que se somete a este personal durante tantos años "justifica el cumplimiento de este acuerdo de forma inmediata" y "hay evidencia científica" que avala esta medida.

A criterio de ambas organizaciones sindicales, la medida es positiva para los trabajadores y para la ciudadanía porque conllevaría "el rejuvenecimiento de las plantillas", lo que repercutirá positivamente a nivel asistencial y aseguraría el futuro de la sanidad pública.