Según el responsable sindical, “hay que recordar que en el pacto firmado con la Junta Andalucía, junto a CEA, CCOO y UGT, que fue firmado el 23 de marzo del 2023,  fue una propuesta de las organizaciones sindicales poner en marcha el bono carestía, que lo que pretende es priorizar a los hogares con mayor vulnerabilidad, es decir, a las familias afectadas por la sobrecarga que supuso el incremento de los precios, un incremento del IPC del 10% o más”.

“Se estableció una cantidad de 12 millones de euros para repartir unos bonos de 200 euros a las familias más vulnerables, esto supone que puede que puede beneficiar a unas 60.000 familias vulnerables andaluzas”, ha dicho.

Ramón Sánchez Garrido aclara que “a partir de la firma de ese acuerdo, las organizaciones sindicales no hemos tenido posibilidades de intervenir en el desarrollo normativo, es decir, aparte de la tardanza en ponerlo en marcha creemos que es un error que la cuantía ínfima de 200 euros se otorgue por orden de llegada de la solicitud.  Esto quiere decir que va a haber muchas familias vulnerables que, por dificultades de acceso a la solicitud que se hará de forma online, van a tener dificultades para poder solicitar el bono carestía”.

Además, añade que “el pago único de 200 euros no va a paliar la difícil situación que muchas familias tienen a la hora de llegar a final de mes y encima se ha tardado mucho más de un año en ponerse en marcha, con lo cual la sensación que nos queda es que va a resolver muy poco”.

 

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