En este sentido, una vez más se ha puesto de manifiesto que es, el diálogo entre Administraciones, la única forma posible de poner fin a situaciones enquistadas, aunque también en esta materia tenemos que aclarar que no se ha contado, en todo este proceso de negociación, con las participación de los Agentes Sociales firmantes del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, y eso a pesar de la enorme relevancia que las actuaciones en materia hidráulica tienen en el seno de este último Acuerdo de Concertación Social.

De manera similar, también es de reseñar que para haber podido llegar a este Acuerdo, que debía haberse adoptado mucho antes, han tenido que pasar más de dos años de duros enfrentamientos, amenazas de multas por parte de la Unión Europea, un sinfín de recriminaciones desde el mundo científico e incluso una advertencia, por parte de Unesco, de incluir Doñana en la lista de patrimonio en peligro. Cuestiones todas ellas que han supuesto un duro golpe para la imagen y la reputación de Doñana y de Andalucía en el contexto internacional pero que, a su vez, también han servido para demostrar como la presión social y el compromiso de la mayor parte de la ciudadanía con la sostenibilidad ambiental es una herramienta útil para cambiar políticas.

El Pacto, si realmente se lleva a cabo de forma efectiva, debe suponer un importante avance en la ejecución de los principios inspiradores de la transición justa en el sentido de anteponer la protección y reparación de un ecosistema tan esencial para nuestra tierra como es Doñana implementando, al mismo tiempo, modelos de desarrollo sostenible alternativos para el conjunto de los 14 municipios del área, muy distantes de esos usos ilegales del agua que tanto daño han generado a la comarca.

Así, valoramos positivamente la apuesta que el texto firmado hace por la renaturalización de los terrenos, por la conversión de los cultivos de regadío en cultivos de secano o de agricultura ecológica, por las actuaciones comprendidas en materia energética y de eficiencia o por la creación de la marca Reserva de la Biosfera de Doñana, la cual entendemos que debe ir de la mano de una ambiciosa campaña de comunicación que sirva para poner el foco en el valor ambiental y social de una de nuestras más importantes riquezas patrimoniales naturales. A pesar de ello, nos gustaría que estos compromisos adquiridos y la línea política, social y medioambiental marcada por estas subvenciones continuaran más allá de esos primeros cinco años, es decir, cuando el montante económico anunciado toque a su fin.

En relación a esto último, en cuanto a la dotación presupuestaria de las medidas anunciadas, aunque es de agradecer la ordenación de esos 1.400 millones de euros, no por ello podemos dejar de aclarar que, en el caso de la dotación autonómica (700 millones) y en la mitad de la aportación estatal (350 millones), no es más que eso, una ordenación de unas partidas presupuestarias que ya existían y una recopilación de un conjunto de actuaciones ya iniciadas e incluso, en algún caso, incluso prácticamente finalizada.

Del total de actuaciones anunciadas, las obras hidráulicas son la partida más importante, aglutinando más de 300 millones de euros. En esta materia, posiblemente lo más importante sea haber sido capaces de superar una promesa de unos recursos hídricos inexistentes que, además, no hacía más que generar unas falsas expectativas que, más allá de los propios costes ambientales, además contribuían a enrarecer aún más el ambiente y a crear una insostenible tensión social.

Por el contrario, también entendemos que hemos dejado pasar una gran oportunidad de comenzar a posicionarnos en el camino para alcanzar un reparto socialmente justo del agua y para ejecutar parte de los compromisos adquiridos en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía en todo lo relativo al Derecho Humano al Agua.

Finalmente, desde UGT-A, estamos firmemente comprometidos con la defensa de los derechos de la clase trabajadora y la protección de las personas más vulnerables, en la lucha contra la crisis ambiental global, así como la transformación del sistema productivo y socioeconómico. En ese sentido, la inclusión, por primera vez, de medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y trabajadores temporeros es, sin duda, una muy buena noticia.

Nuestro Sindicato tiene, ante el conjunto de la sociedad, un compromiso, por el cual, contribuir a proteger el único planeta que tenemos no es una alternativa, sino una urgencia y una obligación moral. Este compromiso a nivel global debe ser ejecutado desde lo local y, en este sentido, todo lo acontecido en los últimos meses con Doñana ha sido una oportunidad histórica para ponerlo en práctica.

Es por este motivo por el que entendemos que disminuir la presión de los regadíos cambiando los usos del suelo, acompañado de una necesaria inversión en infraestructuras y en el refuerzo de la sostenibilidad de actividades económicas como la industria, el turismo, la ganadería extensiva o la agricultura ecológica y de una apuesta clara por las energías renovables, era la única manera de alcanzar las cotas de valor añadido que necesita la comarca.

Pero tampoco podemos olvidarnos de que hay que continuar haciendo un importante esfuerzo económico en la mejora de la formación y la empleabilidad de las personas trabajadoras, así como en la dignificación de sus condiciones de vida y de trabajo. En este apartado, nuestro Sindicato estará especialmente vigilante para que, lo vivido tiempos atrás con los temporeros y las temporeras, no vuelva a darse nunca más.

En definitiva, a pesar de considerar que todo lo comprometido debe ser llevado a cabo, valoramos positivamente la capacidad de acuerdo y la recuperación del sentido común que supone el abandono de aquella proposición de ley impulsada por el Partido Popular y por la ultraderecha. La solución tenía que pasar por actuaciones que fueran sostenibles tanto a medio, como a largo plazo y, por lo tanto, por proponer medidas vinculadas a la transformación de cultivos agrícolas a fines como la renaturalización, la reconversión a secano o la agricultura ecológica. Doñana es riqueza y patrimonio natural de Andalucía y un motor de calidad de vida y de prosperidad para las personas que viven y trabajan en la comarca, pero también para el conjunto de la ciudadanía andaluza.