La organización subraya que, pese a los avances, en 2025 las personas mayores siguen peleando por derechos básicos que deberían estar garantizados y denuncia la persistencia de la desigualdad económica —con una marcada brecha de género en pensiones—, el colapso del sistema de dependencia, los problemas de acceso a servicios sociales y sanitarios por demoras y trámites excesivos, la soledad no deseada, la falta de protección integral frente al maltrato y una insuficiente participación social y reconocimiento a su aportación.

UGT Andalucía reclama pensiones dignas y suficientes que mantengan poder adquisitivo y reduzcan la brecha de género; programas de envejecimiento activo que impulsen la participación cultural, educativa, deportiva, social y digital; medidas contra la soledad no deseada basadas en acompañamiento, voluntariado y acción comunitaria; campañas de sensibilización y formación sobre buen trato y derechos dirigidas a la población y a profesionales; participación efectiva de las personas mayores en los foros donde se deciden las políticas que les afectan; y más recursos con formación especializada para quienes trabajan en cuidados, atención domiciliaria, gerontología y salud mental.

La organización pone el foco en la situación de la dependencia en Andalucía. A 31 de agosto de 2025, 429.699 personas han solicitado la dependencia —306.959 con más de 65 años, el 71%— y el grupo más numeroso es el de mayores de 80, que representan el 47,3%. Existen 397.870 resoluciones de grado, 282.318 de ellas para personas mayores; 319.436 personas tienen derecho a prestación, pero solo 304.357 cuentan con Programa Individual de Atención y 298.306 la reciben, lo que deja a 52.959 en lista de espera. El tiempo medio de tramitación asciende a 565 días, tres veces más del máximo legal de seis meses, con consecuencias dramáticas: entre enero y agosto, 5.029 personas fallecieron sin ser valoradas o sin recibir la prestación.

Actualmente hay 168.545 personas con ayuda a domicilio, 26.192 en residencias y 13.787 en centros de día, en una región con 1,6 millones de mayores de 65 años (19% de la población) y con un 27% que ya supera los 80. A ello se suma un copago residencial que puede alcanzar el 75% de los ingresos líquidos, dejando cantidades insuficientes para gastos básicos.

Ante esta realidad, UGT Andalucía exige reducir de inmediato los tiempos de espera y cumplir los plazos de la Ley de Dependencia; aumentar la financiación para cubrir todas las prestaciones; ampliar plazas públicas en residencias y centros de día con estándares de calidad y ratios adecuados; reforzar la ayuda a domicilio con más horas y mejores condiciones laborales; desplegar un plan integral contra la soledad no deseada con coordinación real entre servicios sociales y sanitarios, especialmente en el medio rural; aplicar de forma transversal la perspectiva de género —el 70% de las personas beneficiarias son mujeres—; y reformar el copago, rebajándolo al 60% de los ingresos, con exención para pensiones mínimas o no contributivas y un modelo progresivo y justo.

 

Manifiesto