Por eso, el debate no puede quedarse en medidas puntuales: necesitamos un salto de escala sostenido, basado en un parque público fuerte, inversión sostenida y una regulación efectiva del mercado, con aumento de recursos públicos para promover vivienda pública, con carácter permanente, y garantizar el acceso a la misma con programas de vivienda social y asequible financiados con fondos públicos y habilitando formas de captación de ahorro privado con este mismo fin.

Junto a la inversión presupuestaria, hay un elemento financiero que conviene poner sobre la mesa: existe una enorme bolsa de ahorro que hoy está prácticamente improductiva y perdiendo valor. Los hogares mantienen 1,08 billones de euros en depósitos (cuentas a la vista y depósitos a plazo) con muy baja remuneración: en torno al 0,14% anual en depósitos a la vista y 1,6% en depósitos a plazo, en un contexto en el que la inflación (diciembre) ronda el 2,9%, lo que implica rentabilidad real negativa para una parte muy relevante del ahorro familiar. Este ahorro podría canalizarse —con garantías— hacia objetivos de país como la vivienda asequible.

A su vez, hay capacidad financiera infrautilizada en el ámbito local. Con reglas fiscales rígidas, los ayuntamientos acumulan alrededor de 45.387 millones de euros en depósitos y efectivo (cierre 2024), y existe una “ventana” para movilizar parte vía Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), a través de proyectos que deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026.

UGT y CCOO confiamos en que este Consejo Asesor sea una herramienta útil para ello. Un lugar de encuentro y participación que debe servir para fomentar e impulsar las políticas que necesitamos.

A su vez, hemos destacado, tras el anuncio de nuevas medidas por el presidente del Gobierno el pasado lunes, reiteradas hoy por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana ante este Consejo Asesor, que la intervención y regulación del alquiler de temporada, habitacional y turístico, son elementos imprescindibles, la actuación, intervención y regulación tiene que ser contundente y con impacto relevante  para evitar el desvío irregular y fraudulento de oferta de vivienda residencial en alquiler a otras modalidades, para evitar la regulación aprobada en relación con esta última.

Tanto la inspección como los mecanismos de control son esenciales para evitar estas prácticas, así como otras (cobro mes de agencia al inquilino, trasladar el IBI, aumento de fianzas por encima del límite, …). Pero además exige una reforma puntual de la LAU para evitar que estos gastos queden a la negociación “de las partes”. Su efectividad también dependerá de regímenes sancionadores contundentes.

No obstante, el principal foco de las medidas anunciadas se ha puesto sobre el anuncio de eximir de tributación al 100% de rendimientos netos del alquiler a arrendatarios que no incrementen el precio de estos con motivo del importante número de renovaciones previstas para este 2026.

Sin conocer el detalle de estas medidas, CCOO y UGT queremos advertir y señalar un criterio básico: el uso de incentivos fiscales solo se justifica si están ligados a resultados verificables (estabilidad/reducción real de rentas, contratos y cumplimiento normativo) y no convertirse en un gasto fiscal para el Estado sin impacto en oferta asequible o sin control efectivo.

Su aplicación no debe afectar a personas jurídicas ni tenedores de 3 o más viviendas en alquiler.

Temporalidad, eliminación de incentivos a quien suba el precio de la vivienda por encima del IRAV e incentivos diferenciados para quien disminuya el precio de la vivienda de forma significativa, frente a quien se limita a mantenerlo, son elementos que deberían abordarse cuando se quiere utilizar la herramienta fiscal con el propósito de extender el control de precios a las comunidades autónomas que han decidido negarse a declarar zonas tensionadas pese a tenerlas y de forma muy relevante.

Tan importante como lo anterior es ampliar la posibilidad de declaración de zonas tensionadas, de forma subsidiaria y cuando las comunidades autónomas se nieguen a hacerlo pese a que esté acreditado objetivamente el cumplimiento de requisitos para declarar una zona tensionada, a otras administraciones, en primer lugar, las administraciones locales, e incluso, en su defecto, al Estado.

Por otra parte, la decisión de limitar el incremento anual, como ya se hizo entre 2022 y 2024, es una medida que puede volver a utilizarse en este momento.

Finalmente, UGT y CCOO han reiterado en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, su valoración de que es una media positiva, pero con una inversión comprometida que sigue siendo claramente insuficiente, 7.000 M€ (0,4% PIB), frente a nuestras estimaciones de una necesidad de inversión anual de entre el 1% y el 1,5% del PIB. Recordemos, por otra parte, que el Instituto de Estudios Económicos estimó en 2024 que la recaudación fiscal asociada a vivienda asciende a 52.200 M€; 3,5% PIB, vía impuestos y tasas, entre las tres administraciones (Estado, Autonómico y Local).

Por otra parte, el Plan Europeo supone un cambio de paradigma político: por primera vez se plantea una estrategia integral con cuatro pilares (oferta, inversión, reformas y protección).

Incluyendo elementos de mucho interés para España: como la plataforma paneuropea de inversión, mayor papel del BEI y bancos públicos, y flexibilización de ayudas de Estado para vivienda asequible.

CCOO y UGT valoramos positivamente la prórroga de la moratoria, extendida hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniendo la suspensión de lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Así como otras medidas del Escudo Social (bono eléctrico y garantía de suministros) pero creemos que estas medidas después de 5 años prorrogándose deberían tener un carácter estructural.

La prórroga vuelve a evidenciar un problema estructural: la obligación de realojo se cumple muy poco; solo hay alternativas en torno al 5% de los lanzamientos suspendidos. Y los mecanismos de compensación a pequeños propietarios presentan demoras:  sobre 6.400 solicitudes se han resuelto 2.850 ayudas, con miles pendientes.