El acto de apertura ha contado con la presencia de Leire Iglesias, Directora general del SEPES; la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el secretario general de UGT Málaga, Antonio González, junto a responsables sindicales y especialistas de todo el país.

Durante su intervención, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha descrito la situación actual de la vivienda como “una emergencia social que ya no afecta solo a los sectores más vulnerables, sino a miles de personas trabajadoras con empleo, salario y estabilidad que, aun así, no pueden permitirse un lugar donde vivir”.

Martín ha subrayado que el sindicato no llega a este debate “por coyuntura”, sino por una preocupación creciente y persistente en su acción sindical: “La vivienda es hoy uno de los principales factores de desigualdad en Andalucía. No puede seguir tratándose como una mercancía de lujo accesible solo para quien pueda pagarla”.

El secretario general ha puesto el foco en el caso de Málaga, señalando que “no es casual que estas jornadas se celebren aquí, porque esta provincia se ha convertido en uno de los territorios más tensionados del país, con precios al nivel de Barcelona o Baleares, y con un mercado inmobiliario que expulsa a residentes locales para dar entrada a fondos, alquiler turístico y operaciones especulativas”.

En su intervención, recordó que el precio medio del metro cuadrado en Málaga supera ya los 3.600 euros, con un incremento interanual del 17%, y que las hipotecas firmadas en la provincia superan los 204.000 euros de media, una cifra solo por encima en Baleares y Madrid.

Martín ha explicado que el problema no es la falta de vivienda disponible, sino su uso, su concentración y su mercantilización: “No estamos hablando de escasez: estamos hablando de un modelo fallido. Hay más de 640.000 viviendas vacías en manos de fondos y grandes tenedores, 150.000 viviendas turísticas sin registrar y un parque público de vivienda que apenas llega al 2% en Andalucía, cuando en países como Francia, Austria o Países Bajos supera el 20%”.

También ha alertado sobre el impacto generacional del problema, destacando la situación de la juventud andaluza: “Solo 12 de cada 100 jóvenes menores de 30 años están emancipados. Es imposible hablar de proyecto de vida, de arraigo, de estabilidad laboral o familiar cuando el precio de una vivienda absorbe la mitad del salario o directamente te expulsa a 50 kilómetros de tu lugar de trabajo”.

Ante esta situación, el secretario general ha defendido que el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25 del Estatuto de Autonomía deben dejar de ser un marco declarativo y convertirse en un marco exigible: “No podemos permitirnos otra década de leyes que proclaman derechos pero no los garantizan. La vivienda tiene que saltar del plano discursivo al plano jurídico, económico y presupuestario”.

Martín ha detallado las líneas de acción que UGT Andalucía considera irrenunciables.  Entre ellas, “incrementar de forma sostenida el parque público de vivienda en alquiler social, con calendario, presupuesto y objetivos verificables; imponer un uso social a la vivienda vacía de grandes tenedores, aplicando fiscalidad efectiva y destinando esos recursos a rehabilitación y movilización de vivienda; Regular el impacto del alquiler turístico y el modelo de ciudad expulsiva, priorizando el uso residencial permanente; Vincular el coste de la vivienda a la negociación colectiva, de forma que el salario no quede desconectado del nivel de vida real; Impulsar rehabilitación, eficiencia energética y empleo asociado, ligando vivienda y transición ecológica justa.

“El sindicalismo del siglo XXI no puede limitarse a negociar convenios en los centros de trabajo. También tiene que defender el derecho a la ciudad, el derecho a no ser expulsado de tu barrio, el derecho a vivir cerca del empleo, de la escuela, de tu familia. Sin vivienda digna no hay igualdad, ni arraigo, ni cohesión social”, ha afirmado.

El secretario general ha advertido de que España y Andalucía se encuentran “en una antesala muy parecida a la que precedió la crisis de 2007, con precios disparados, deuda hipotecaria en máximos y salarios que no acompañan”, y ha reclamado decisiones políticas valientes: “Si seguimos confiando ciegamente en las dinámicas del mercado, volveremos a pagar colectivamente una factura social y económica terrible. La vivienda no puede seguir siendo un negocio que decide quién pertenece y quién queda fuera”.

Las jornadas, que se extenderán hasta el miércoles 12, reunirán a expertos universitarios, responsables institucionales, entidades sociales y representantes sindicales para compartir diagnóstico y diseñar propuestas concretas que permitan avanzar hacia un modelo justo de acceso a la vivienda en España.