Desde UGT Andalucía valoramos positivamente esta medida, ya que contribuye a frenar el crecimiento descontrolado de pisos turísticos que tanto ha tensionado el mercado de la vivienda en nuestra comunidad, especialmente en zonas de alta demanda residencial como Sevilla, Málaga o Cádiz. Andalucía concentra actualmente 82.454 viviendas turísticas, lo que representa un 23,46% del total nacional, según los últimos datos del INE, y ha experimentado un crecimiento del 27% durante 2024, lo que evidencia la urgencia de una mayor regulación.

La nueva norma establece que cualquier propietario que desee destinar su vivienda a fines turísticos deberá obtener previamente el consentimiento expreso de la comunidad de vecinos, mediante un acuerdo adoptado por las tres quintas partes del total de propietarios y cuotas de participación. Si no cuenta con dicha aprobación, la comunidad podrá denunciar la actividad, exigir su cese y, en su caso, imponer sanciones económicas que pueden alcanzar los 600.000 euros. La regulación también incluye una nueva ventanilla única digital para el registro de viviendas de corta duración, que entrará en vigor en julio y permitirá mejorar el control y la trazabilidad de estos alojamientos.

Desde UGT Andalucía ya reclamamos en su momento que la futura Ley de Vivienda de Andalucía, aún en fase de elaboración, recogiese una regulación específica y contundente para las viviendas de uso turístico.

Reiteramos la necesidad de que la Junta de Andalucía otorgue mayores competencias a los ayuntamientos, especialmente en aquellos municipios afectados por alta presión turística y residencial, para limitar la concesión de nuevas licencias, fijar zonas de saturación y desarrollar planes urbanísticos que pongan el foco en el derecho a la vivienda.

Asimismo, insistimos en que es necesario reforzar los mecanismos de inspección y sanción, con el fin de garantizar que todas las viviendas de uso turístico cumplan con la normativa vigente, evitar el fraude en su comercialización y proteger la convivencia vecinal. Solo con un marco legal firme y una aplicación rigurosa se podrá equilibrar la actividad turística con el derecho al acceso a una vivienda asequible.

Desde nuestra organización sindical entendemos que la proliferación de pisos turísticos sin control contribuye a elevar los precios del alquiler y expulsar a las familias trabajadoras de sus barrios, especialmente en los centros históricos y zonas con gran atractivo turístico.

Por ello, saludamos esta nueva regulación como un paso adelante, pero seguimos exigiendo una respuesta valiente y estructural por parte de las administraciones públicas, con políticas que garanticen el uso social de la vivienda, frenen la especulación inmobiliaria y refuercen la cohesión social en nuestras ciudades y pueblos.