Según Gelo, “hace un año hacíamos una valoración del primer año del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, que calificamos como una combinación de pequeños avances y considerables obstáculos, que se veía reflejado en las mesas de trabajo asociadas al pacto y solicitábamos un mayor compromiso por parte de la Junta de Andalucía”.

“En la valoración de este segundo año del pacto, hay que destacar por encima de todo la ejecución de un compromiso que es esencial para Andalucía y para todas las personas que creemos en la importancia de un diálogo social robusto y efectivo. La entrada en vigor de la Ley de Participación Institucional, aunque con casi un año y medio de retraso, era uno de los compromisos recogidos en el Pacto, también ha sido el cumplimiento de un compromiso histórico y una demostración manifiesta de nuestra capacidad para construir una sociedad más justa y democrática. Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político; es el desarrollo de un mandato constitucional y estatutario. Y lo es porque tanto la Constitución Española, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social”, ha dicho.

“En UGT Andalucía siempre hemos defendido que, desde la concertación y la participación institucional a través del Diálogo Social, podemos asegurar la mejora en la calidad de las políticas públicas. Y lo podemos hacer porque la experiencia nos avala y nos demuestra que la inclusión en la misma de múltiples perspectivas, de visiones distintas, asegura que las decisiones sean más equilibradas y justas”.

“Podríamos decir que este ha sido uno de los pocos avances que hemos tenido este año en el desarrollo del Pacto, porque por lo demás, uno de los problemas más graves y recurrentes durante este último año ha sido la absoluta falta de diálogo efectivo con casi todas las Consejerías responsables de los compromisos del Pacto. Repitiéndose e incluso empeorándose las circunstancias que se produjeron durante el primer año”, ha explicado Rafael Gelo.

“Hemos asistido a un 2024, con doce largos meses, en el que el gobierno autonómico ha mostrado una preocupante indiferencia hacia la necesidad de concertación social. En muchos casos, las mesas de diálogo ni siquiera se convocaron, como sucedió con la Consejería de Agricultura, que no celebró ninguna reunión en todo el año 2024 y apenas se han retomado en 2025. En otros, se excluyó deliberadamente a agentes sociales clave, como la Secretaría de Políticas Sociales de UGT Andalucía. Este desprecio por el verdadero diálogo social es inaceptable y denota una falta total de compromiso con la transparencia y la participación”.

Según Gelo, “el diálogo social no es un mero formalismo; es un pilar esencial de la democracia participativa. Sin él, los compromisos no se cumplen, las políticas se quedan en papel mojado, y lo que es más grave, la ciudadanía pierde confianza en nuestras instituciones. La negligencia durante este último año refleja una preocupante falta de voluntad política”.

MEDIDAS URGENTES

De las 12 medidas urgentes contempladas en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, según el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, “el balance para este segundo año es nuevamente desalentador.”

“De los 20 puntos pactados para la mejora de la Atención Primaria y plasmados en un acuerdo firmado en Mesa Sectorial en mayo de 2023, a fecha de hoy, no se ha finalizado casi nada de lo acordado. En muchos casos, ni siquiera se han constituido mesas técnicas para el desarrollo de estas medidas. Por lo tanto, difícilmente vamos a alcanzar ese doble objetivo de esta medida: reforzar el nivel asistencial y corregir el histórico desequilibrio presupuestario”.

“Sobre los centros de salud mental, la habilitación de espacios específicos para menores sigue sin completarse. Dos años después, estos espacios continúan sin estar habilitados en Huelva y en Córdoba. Esto representa un incumplimiento que no admite justificación. El Bono Familia ha sido uno de los programas con mayor ejecución presupuestaria (90%), pero a día de hoy no conocemos un modelo de actuación claro para 2025. Queremos ser partícipes del diseño de este modelo como tantas veces hemos solicitado”.

“Teniendo en cuenta que el Bono Carestía se constataba como medida urgente a la firma del Pacto en 2023, en 2025, 14.177 familias vulnerables con menores a cargo, aún están a la espera de resolución y no existe, para este año línea presupuestaria que garantice la percepción del mismo. Las ayudas para hacer frente al sobrecoste energético que, dos años después, apenas si han ejecutado un 44% del presupuesto asignado. Sólo 30.000 resoluciones favorables por un importe de 203,6 millones de euros. Es decir, que hemos perdido la oportunidad de destinar 321 millones de euros, que se han quedado sin ejecutar, a otras medidas con un carácter mucho más social y que habría repercutido en una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía”.

“Es cierto que el Plan de Empleo Juvenil está en marcha y que lo hemos apoyado, pero caeríamos en un error si pensáramos que, por sí solo, va a terminar con los problemas de desempleo juvenil que tiene nuestra tierra. Sólo ha sido un primer paso que tiene que tener continuidad. No sólo continuidad, sino refuerzo, con nuevas medidas más ambiciosas y que, de verdad, faciliten la incorporación de nuestros trabajadores y trabajadoras más jóvenes a un empleo de calidad y no tengan que verse obligados a emigrar en busca de un futuro laboral digno”.

“A pesar de la participación de UGT en el Plan de Choque, los accidentes laborales con resultado de muerte han aumentado respecto a 2023. La Consejería de Empleo ha rechazado propuestas clave como la creación de Delegados Territoriales de Prevención de Riesgos Laborales. Así como incrementar los recursos, humanos, económicos y materiales, dedicados a la inspección de trabajo. Incrementar la cuantía de las sanciones para hacerlas disuasorias o el Refuerzo de las campañas de sensibilización y concienciación. Es evidente que la Consejería de Empleo no prioriza la lucha contra la siniestralidad ya que se ha reducido el presupuesto para la prevención en un 18%, perpetuando una tendencia de desinversión que se arrastra desde 2014”.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Según Rafael Gelo, “mención aparte tienen los compromisos asumidos por la Consejería de Salud, que han sido, sin lugar a dudas, un ejemplo alarmante de incumplimiento. Establecer objetivos de disminución de las listas de espera, quirúrgicas y diagnósticas mediante personal, infraestructura y medios técnicos necesarios, se está camuflando la disminución de las listas de espera quirúrgica. ¿Cómo?...Retrasando la entrada en ella de los pacientes que necesitan una prueba de diagnóstico previa.  De forma que, para no derivar nuevos pacientes a la lista de espera tras su diagnóstico, lo que hacen es procurar no dar nunca ese diagnóstico. En consecuencia, la Consejería ha conseguido crear un nuevo problema: la lista de espera de las pruebas de diagnóstico. De ahí a que se haya convocado una manifestación el próximo 5 de abril en defensa de la sanidad en la que participarán sindicatos, profesionales, pacientes y todo aquel ciudadano que se quiera unir”.

En cuanto a otras medidas, consideradas estratégicas y para cumplir a lo largo de la legislatura, seguimos teniendo un amplio camino que recorrer en cuestiones como las actuaciones a favor de la consecución del derecho a la vivienda en Andalucía.  Solo nos información verbalmente de los contenidas que querían adelantar de la Ley.  Y sobre eso realizamos numerosas aportaciones. A pesar de haber incluido algunas de nuestras reivindicaciones, creemos que es insuficiente esta normativa y no apuesta por una inversión pública en vivienda asequible y tampoco avanza en la construcción de un verdadero parque público que dé respuesta a la necesidad de la ciudadanía de acceder a una vivienda digna, volviendo a perder la oportunidad de dotar a la agencia pública de vivienda(AVRA) de la posibilidad de seguir ampliando y manteniendo el  parque vivienda pública en nuestra región, el más importante de todo el país”.

Finalmente, Rafael Gelo ha manifestado que “el gobierno de la Junta de Andalucía ha demostrado una preocupante ineficacia en la ejecución del Pacto. De las 12 medidas urgentes, varias no han sido ejecutadas o ni siquiera han llegado a la ciudadanía. Esta situación es inaceptable. Exigimos un cambio radical en la forma de gestionar estas políticas. Es hora de dejar de lado las palabras vacías y los anuncios grandilocuentes. Andalucía necesita resultados reales y urgentes. La ciudadanía merece un gobierno que cumpla sus promesas y actúe con determinación y sin demoras. Porque el mayor escudo social de la historia de Andalucía, se resquebraja”.

 

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