El sindicato recuerda que la migración es una realidad estructural de nuestra sociedad y del mercado laboral, y que defender los derechos de las personas migrantes es defender los derechos de todas las personas trabajadoras. Según los últimos datos, a 1 de enero de 2025 residen en España más de 7 millones de personas con nacionalidad extranjera, de las cuales más de 900.000 viven en Andalucía, formando parte activa de su tejido social y productivo

UGT Andalucía destaca la aportación esencial de la población migrante en sectores estratégicos como la agricultura, la hostelería, la construcción, los cuidados y los servicios, así como su contribución al rejuvenecimiento de la población activa y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social. No obstante, advierte de que esta aportación sigue realizándose, en muchos casos, en condiciones de fraude, explotación laboral y economía sumergida, especialmente en los empleos más duros e inestables.

Asimismo, el sindicato rechaza de forma rotunda el racismo, la xenofobia y los discursos de odio, señalando que solo sirven para dividir a la clase trabajadora y beneficiar a quienes se lucran de la precariedad laboral. “La división debilita; la igualdad fortalece”, subraya UGT Andalucía.

En este contexto, el sindicato insiste en que la integración debe basarse en la igualdad real de trato y oportunidades, garantizando el acceso en condiciones de igualdad a la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo digno y la participación social y sindical. Las personas migrantes, señala UGT, “no necesitan asistencialismo, sino derechos, estabilidad y protección”.

UGT Andalucía reclama, entre otras medidas, la igualdad de derechos con independencia del origen o situación administrativa, el refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la explotación laboral, políticas públicas eficaces de acogida e integración y la habilitación de vías legales y seguras de migración que eviten tragedias humanas.

Finalmente, el sindicato hace un llamamiento a la sociedad andaluza y a los poderes públicos para avanzar hacia una Andalucía más justa, inclusiva e igualitaria, donde migrar no sea sinónimo de precariedad, sino de derechos, dignidad y futuro, porque ninguna persona trabajadora debe quedarse atrás.

 

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