Vemos con buenos ojos que, en la propuesta realizada por la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, Andalucía sea la que más incremente sus ingresos, con más de 4.800 millones de euros, seguida de Cataluña con más de 4.600, pero habrá que analizar con más detenimiento, si eso es suficiente para dar respuesta a las necesidades reales de nuestra comunidad y para cubrir los servicios públicos de calidad, que requieren los andaluces y las andaluzas. Hablamos de garantizar una financiación suficiente para sostener y mejorar los servicios públicos fundamentales.

La reforma del sistema de financiación autonómica es más que necesaria. El modelo vigente lleva demasiado tiempo sin actualizarse, a pesar de que en este tiempo han cambiado profundamente las necesidades sociales, demográficas y económicas de las comunidades autónomas. El nuevo sistema debe consensuarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebrará reunión el próximo miércoles, 14 de enero.

Desde Andalucía, el criterio debe ser claro, y en medio del debate que está generando la propuesta, la situación hay que abordarla con prudencia y con una visión global del sistema. La financiación autonómica no puede perder de vista su carácter solidario, pero esto no puede convertirse en un mecanismo que limite la capacidad de redistribución para garantizar la igualdad de derechos con independencia del territorio en el que se viva.

De todos modos, el proceso aún no ha terminado. La propuesta deberá ser aprobada previamente por el Consejo de Ministros y, posteriormente, remitida al Congreso de los Diputados. Pero antes, se han anunciado la celebración de reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma, para perfilar los detalles del modelo y recoger las singularidades de cada territorio.

El Gobierno de España plantea aplicar el nuevo sistema de financiación autonómica en 2027, lo que deja un margen temporal suficiente para alcanzar acuerdos amplios. Y este es un elemento clave: la única vía para avanzar hacia una financiación justa es el consenso. No se trata de imponer un modelo, sino de construirlo de manera pactada con las comunidades autónomas.

Si el nuevo modelo sirve para mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas y es fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, no se entendería un rechazo automático. Hay tiempo para el diálogo, para el estudio riguroso y para alcanzar soluciones equilibradas que combinen suficiencia financiera, solidaridad y cohesión territorial en beneficio de Andalucía.