Según ha señalado Juan Carlos Lebrón Moreno, secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT FICA Andalucía, la actuación del Consistorio incumple la normativa vigente, ya que la retirada del amianto es obligatoria cuando este se encuentra deteriorado.

 

“El Ayuntamiento está obligado por ley a eliminar este material antes de cualquier actuación urbanística. No hacerlo supone poner en riesgo durante años a vecinos y vecinas, así como a futuros trabajadores de la construcción”, ha advertido.

 

Urbanismo habría propuesto la adjudicación de estos inmuebles a una constructora para levantar una veintena de viviendas, a pesar de que las edificaciones presentan techos de uralita visiblemente deteriorados, lo que incrementa el riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente.

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022, los ayuntamientos están obligados a elaborar un censo de amianto en sus municipios, así como a planificar y calendarizar su retirada. Sin embargo, UGT FICA denuncia que este caso evidencia un claro incumplimiento de dichas obligaciones.

 

El amianto, especialmente cuando está envejecido o dañado, representa un grave riesgo para la salud. La inhalación de sus fibras microscópicas puede provocar enfermedades irreversibles como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón, con periodos de latencia que pueden oscilar entre los 10 y los 40 años.

 

Esta situación ha sido trasladada al Grupo de Trabajo de Amianto en la Consejería de Empleo, donde se recordó que tanto la Junta de Andalucía como las consejerías competentes en materia de Medio Ambiente y Salud tienen capacidad para exigir la retirada del material y sancionar posibles infracciones.

 

UGT FICA ha advertido además de la falta de seguimiento por parte de las administraciones sobre los censos y calendarios de retirada de amianto, lo que, según denuncian, se debe a la insuficiencia de recursos.

 

Por último, Lebrón ha asegurado que el sindicato estará vigilante ante el inicio de las obras, exigiendo que cualquier intervención cumpla estrictamente con el Real Decreto 396/2006, que regula las condiciones de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. En caso de incumplimiento, se pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo.