Se trata de un acuerdo que transforma la Administración Pública, avanzando en recursos humanos, apostando por las personas, la formación continua y la estabilidad laboral, entre otras cuestiones.

Además, recupera la senda de la negociación colectiva, que obliga a establecer compromisos de la Administración con las organizaciones sindicales que se encuentran en las mesas de negociación.

Entre las mejoras que incluye dicho acuerdo, se implementa un modelo para la evaluación del desempeño y la carrera horizontal; la estructura retributiva se adapta a la normativa actual; cambios en los procedimientos de cobertura de puestos de responsabilidad; se impulsa la promoción profesional, mediante una gestión adecuada de las vacantes, así como un calendario de recuperación de la Acción Social; una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos laborales; y actualización de los convenios colectivos del personal que presta servicios en el Sector Público Instrumental (SPI).

En definitiva, este Acuerdo apuesta por la mejora el empleo público y una prestación de servicios de calidad, basados en la Ley de la Función Pública de Andalucía.