En los últimos quince años, el acceso a la vivienda en Andalucía, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, ha empeorado de forma drástica. Miles de personas trabajadoras se ven obligadas a destinar una parte desproporcionada de su salario al pago de la vivienda, comprometiendo su calidad de vida y su capacidad para desarrollar un proyecto vital digno. Los datos lo confirman: desde 2010, el importe medio de las hipotecas sobre la vivienda habitual ha aumentado más de un 70%, mientras que el precio del metro cuadrado se ha incrementado un 59%. En el caso del alquiler, el encarecimiento es aún más acusado, con una subida acumulada cercana al 94% en los últimos quince años.

Para UGT Andalucía, la ley llega en un momento oportuno, pero supone una oportunidad perdida al no configurar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible ni responder con la contundencia necesaria a una emergencia social que afecta especialmente a jóvenes, personas con empleos precarios, familias monoparentales y colectivos vulnerables.

La vivienda no puede abordarse únicamente desde una lógica de mercado. Es una necesidad básica imprescindible para cualquier proyecto de vida, pero también se ha convertido en un bien patrimonial y, cada vez más, en un activo sometido a una fuerte especulación. A ello se suma el impacto de los pisos turísticos, muchos de ellos ilegales, que están expulsando vivienda del uso residencial habitual. Sin embargo, la ley andaluza no afronta de manera integral estas realidades.

La norma se centra fundamentalmente en incrementar la oferta de vivienda bajo el paradigma de la colaboración público-privada, pero sin establecer mecanismos eficaces de control frente a la especulación ni una estrategia clara para movilizar las cerca de 640.000 viviendas vacías existentes en Andalucía, cuya puesta en uso podría aliviar de forma rápida y significativa la situación actual.

UGT Andalucía ha participado activamente en la elaboración de la ley y comparte la necesidad de facilitar la construcción de más vivienda, pero advierte de que aumentar la oferta por sí solo no es suficiente si no se garantiza que esa vivienda sea realmente asequible. Para ello, es imprescindible una mayor implicación de los poderes públicos, que deben asumir un papel protagonista como promotores y gestores de vivienda pública, utilizando todas las herramientas disponibles, incluida la declaración de zonas tensionadas.

El sindicato defiende una apuesta decidida por ampliar, rehabilitar y fortalecer un parque público de vivienda estable y permanente, especialmente en régimen de alquiler, que actúe como contrapeso a las distorsiones del mercado y que permita la emancipación de la juventud, el acceso a una vivienda digna y la transición del alquiler a la propiedad sin perder la calificación de vivienda pública, evitando así alimentar el mercado especulativo con recursos financiados con dinero público.

En definitiva, para UGT Andalucía, la nueva Ley de Vivienda de Andalucía se queda corta para garantizar el acceso real a la vivienda de la clase trabajadora. Es necesario reforzarla con más promoción pública directa, un parque público permanente de alquiler, mecanismos efectivos de control de precios, especialmente en zonas tensionadas, y avanzar de forma decidida hacia el reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda. Porque la vivienda no puede ser un lujo ni un negocio especulativo: es un derecho básico y una condición imprescindible para la dignidad de la gente trabajadora.