Román ha señalado que “hablar de migración en Andalucía es hablar de trabajo, de cuidados, de agricultura, de hostelería y de vida cotidiana”. En este sentido, ha recordado que sectores esenciales del modelo productivo andaluz funcionan gracias al trabajo de personas migrantes y que “sin su contribución no se entiende la recuperación económica tras la pandemia ni el crecimiento del empleo en los próximos años”.

No obstante, ha advertido de que esa aportación “convive con precariedad, desigualdad y, en demasiados casos, vulneración de derechos”. Por ello, ha defendido que la responsabilidad sindical es doble: “proteger a las personas trabajadoras migrantes como parte de la clase trabajadora y defender un modelo de convivencia que rechace el racismo, la xenofobia y el uso político del miedo”.

Durante su intervención, Maribel Román ha reclamado una actuación decidida de las administraciones públicas para garantizar derechos y combatir la precariedad que afecta a muchas personas trabajadoras migrantes. En primer lugar, ha defendido la necesidad de agilizar los procedimientos de regularización y reforzar los recursos humanos y materiales de las oficinas de extranjería, evitando demoras que condenan a miles de personas a la inseguridad jurídica y a situaciones de vulnerabilidad laboral.

Asimismo, ha insistido en la importancia de fortalecer la Inspección de Trabajo, especialmente en sectores con alta presencia de mano de obra migrante como la agricultura, la hostelería o los cuidados. Según ha señalado, es imprescindible combatir con firmeza el fraude, la explotación y la economía sumergida, garantizando que las condiciones laborales sean dignas y que se cumpla la legislación vigente sin excepciones.

Román también ha puesto el foco en la homologación de títulos y en la acreditación de competencias profesionales, subrayando que no se puede permitir que personas cualificadas queden relegadas a empleos precarios por trabas administrativas. Facilitar estos procesos, ha afirmado, no solo es una cuestión de justicia, sino también de eficiencia económica y aprovechamiento del talento.

Finalmente, ha reclamado un refuerzo del parque público de vivienda y la garantía real de acceso a los servicios básicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, elementos esenciales para una integración efectiva y una convivencia basada en la igualdad de derechos.

Román ha subrayado que “la migración no es el problema estructural de España ni de Andalucía; el problema es la precariedad, la desigualdad y la falta de derechos”. En este contexto, ha defendido que la respuesta no puede basarse en el miedo, sino en más igualdad, más regulación laboral y más cohesión social.

Asimismo, ha insistido en que la inmigración es competencia estatal en su dimensión jurídica, pero que las comunidades autónomas tienen un papel clave en integración social, educación, sanidad y vivienda, por lo que ha llamado a reforzar la cooperación institucional.

Por último, la representante de UGT Andalucía ha apostado por avanzar hacia un gran pacto estatal y andaluz por la convivencia y los derechos, que sitúe en el centro la igualdad de trato y la garantía de condiciones laborales dignas para todas las personas trabajadoras, con independencia de su origen.