Después de unos años de espera, el pasado 23 de octubre de 2023 comenzaron las exhumaciones en la capital cordobesa, teniendo una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

Los trabajos se están realizando concretamente en la fosa común del cementerio de Nuestra Señora de la Salud, situada en el cuadro de la Virgen de los Dolores, en la que se calcula que están sepultadas entre 500 y 800 víctimas asesinadas en los primeros meses del golpe militar en 1936.

Con la puesta en marcha de estos trabajos se cumple con los procedimientos establecidos en la Orden de 7 de septiembre de 2009, que aprobaba el protocolo andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra. Allí se estableció un régimen de colaboración, corroborado posteriormente, el 29 de diciembre de 2021, en un convenio entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital cordobesa.

En este acuerdo se encuadraban tanto los trabajos del Cementerio de la Salud, donde están también las fosas Zona Alta y San Plácido, como los trabajos en el Cementerio San Rafael, concretamente en su zona ajardinada.

 

En el caso del cementerio de la Salud, y tal y como registra el pliego que rige la contratación de las exhumaciones, según las investigaciones realizadas previamente y a sondeos, en la fosa común de Virgen de los Dolores -por la que van a comenzar los trabajos- se cuenta con una previsión de 1.173 cuerpos inhumados entre 1936 y 1937, de los que 593 pertenecerían a represaliados.

Además, en la fosa común de la Zona Alta se estima que fueron enterradas 3.285 personas entre mediados de 1937 y 1941, de las que 500 serían represaliados que pasaron por un consejo de guerra y/o prisión; y entre 1942 y 1945 se sepultaron otros 2.773 cuerpos, si bien se desconoce el dato sobre represaliados,

En total, en esas tres fosas de la Salud hay 7.231 personas enterradas, de las que habría un mínimo de casi 1.200 víctimas del franquismo,

En el caso del cementerio de San Rafael, la cifra total de personas represaliadas inhumadas y de las que hay registro documental para el periodo 1939-1944 asciende a 860, de las que 816 están enterradas en fosa común.

 

Aprovechamos la ocasión para exigir al Alcalde de Córdoba que cumpla el compromiso que adquirió con el movimiento memorialista de Córdoba de poner en marcha la OFICINA DE VICTIMAS en paralelo a los trabajos de exhumación de represaliados del franquismo en los cementerios de la Salud y S. Rafael de Córdoba.

 

Tal y como se dispone en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, las víctimas y sus familiares necesitan de un lugar físico y virtual para encontrar y aportar la información relativa a su caso.

 

Es imprescindible un centro que recopile sistemáticamente todos los datos y el ADN para facilitar la localización de las personas desaparecidas. Sin esta oficina, las exhumaciones tendrán un resultado incompleto porque no se podrán identificar muchos de los cuerpos.

 

Además, se debe explicar a la ciudadanía el porqué de las fosas, qué ocurrió, qué pasó. Esta debe ser también una tarea fundamental de la Oficina de Víctimas.

 

Por otro lado, volvemos a reiterar al alcalde de Córdoba nuestro interés en recuperar los restos de un compañero de UGT, Manuel Landrove Pouse que se encuentran en la sepultura número 10 del cuadro San Ramón en el Cementerio de la Salud de Córdoba. Manuel Landrove fue fusilado en 1936 y sus restos fueron exhumados en la intervención arqueológica llevada a cabo en esa sepultura en el año 2019, por la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Aguilar de la Frontera (AREHEMISA) encontrándose actualmente dichos restos mortales en el cementerio de la Fuensanta de Córdoba y están custodiados legalmente por el Ayuntamiento de Córdoba. Exigimos una respuesta sobre el procedimiento a seguir para recuperar sus restos.

 

Por último, desde UGT queremos manifestar que la búsqueda de los restos de las personas asesinadas por la represión fascista, no es ningún intento de venganza, ni de remover conflictos pasados, sino un derecho de las familias que necesitan enterrar a sus muertos con la dignidad que merecen.

No es el momento de retrocesos en las conquistas alcanzadas, sino de seguir avanzando en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, por ello, el compromiso y la lucha por la memoria están más vivos que nunca.