Las causas de los fallecimientos no son novedosas, sino que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo, destacando principalmente los infartos y derrames cerebrales; las caídas; los atrapamientos, aplastamientos y amputaciones; así como los accidentes de tráfico.

Hasta el mes de noviembre del presente año se han registrado 491.634 accidentes en jornada de trabajo y 83.212 accidentes in itinere. La variación en relación a los 11 primeros meses del año anterior se situó en -2,1% para los accidentes en jornada y en +2,5% para accidentes in itinere. Son cifras muy elevadas a pesar del descenso experimentado entre los accidentes sucedidos durante la jornada de trabajo.

Frente a este panorama desolador, desde UGT continuamos reivindicando una profunda revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que consiga acabar con la siniestralidad laboral. La seguridad y la vida de las personas trabajadoras debe protegerse por encima de todo. Por ello, hacemos un llamamiento a que la sociedad en su conjunto entienda que no podemos permitirnos más muertes en el trabajo.

Los accidentes que paralizan la vida de las personas trabajadoras y de sus familiares pueden evitarse. Las empresas deben entender que los riesgos del siglo XXI no están protegidos con una norma del siglo XX. Los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de debatir y aprobar una reforma necesaria de la legislación actual y de avanzar en la protección de las personas trabajadoras. Centenares de muertos cada año no es asumible para una sociedad como la nuestra. Urge el compromiso con la Seguridad en los centros de trabajo.

Además, son muchas las cuestiones que deben actualizarse en esta Ley, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género y de edad, la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos climáticos, así como de aquellos derivados de la digitalización del mundo del trabajo como por ejemplo la desconexión. Sin olvidar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, que se encuentra seriamente mermada y que, sin lugar a dudas, se ve influida por las condiciones de trabajo y la precariedad laboral.

Como complemento a lo anterior, desde UGT reivindicamos la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, pero a nivel estatal. Esta figura ayudaría, sin duda, a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical, y es que los centros de trabajo sindicalizados son más seguros.

Además, la reforma de la Ley debe dotar de crédito horario específico a los delegados y delegadas de prevención para que puedan desempeñar las funciones que tienen encomendadas y que resultan esenciales para la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.